TIJUANA.- Jaime Bonilla Valdez asumió este viernes el gobierno de Baja California en medio de una controversia sobre la duración de su mandato que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bonilla juró el cargo en los primeros minutos del 1 de noviembre como primer gobernante de un partido de izquierda del estado de Baja California después de tres décadas de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).
Con su toma de posesión, como sucesor de Francisco Vega de Lamadrid, terminan 30 años de gobierno del PAN desde que en 1989, Ernesto Ruffo Appel, derrotó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este ingeniero de profesión llegó al Congreso del Estado de Baja California para cumplir con el acto protocolario de la toma de posesión en la que participó la banda de guerra del Ejército Mexicano.
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“Sí protesto”, señaló Bonilla, gobernador 15 de Baja California y primero de un partido de izquierda, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el mismo al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aventó un mensaje a sus adversarios: que no pretende perpetuarse en el poder y si se queda cinco años, se someterá a la revocación de mandato. Acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el nuevo mandatario estatal exclamó que, en su caso, se someterá a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bonilla llega el poder en medio de una controversia ya que las elecciones señalaban un periodo de gobierno dos años para empatar el calendario de comicios del estado con el federal, pero después de su triunfo el Congreso local lo aumentó a cinco años.
El Congreso de Baja California ratificó su decisión de un periodo de cinco años al publicar el decreto en el Periódico Oficial del 17 de octubre.
La disputa lleva varios meses y recientemente varios partidos encabezados por el PAN, además del Instituto Federal Electoral, impugnaron la decisión del Congreso ante la SCJN, que se encargará de resolverlo.
El sector empresarial se ha pronunciado contra esta decisión, llamándola como inconstitucional, invitando a la SCJN a aclarar todos los recursos interpuesto.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido al margen y ha decidido no hablar o limitarse a señalar que confía en la resolución de las autoridades.
Después de la toma de protesta en Mexicali, Bonilla se trasladó a Tijuana para dar posesión a los miembros de su gabinete.
Vega de Lamadrid ha sido acusado de haber estafado a la entidad, a la que dejó con disputas económicas, deudas de la Universidad Autónoma de Baja California, pagos nulos a maestros e incumplimiento en temas de orden social. EFE