MÉXICO.- Roxana Ruiz permaneció en el Penal Neza-Bordo, en el Estado de México, durante 9 meses, acusada por “uso excesivo de legítima defensa”. La joven de 22 años mató a su agresor y, de acuerdo con su relato a El Universal, él no fue su único verdugo, sino también el sistema de justicia mexicano. Ahora, tras diferentes manifestaciones, podrá seguir su proceso en libertad.
Durante su primera audiencia en los juzgados de control en Neza-Bordo, exigió a las autoridades se lleve un juicio y revisión del caso con perspectiva de género. En esta ocasión no hubo debate porque no hubo un perito intérprete de lengua mixteca, ya que Roxana es de esa comunidad indígena.
Al lugar acudió con sus abogados, familiares y la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, quienes realizaron el acompañamiento a su madre, Ana Ruiz luego de que se dio a conocer una carta en la que pedía apoyo para su hija.
“Que se haga justicia conforme a la violación de mis derechos porque una persona que es detenida y sin saber pues te hacen que firmes cosas, que declares cosas cuando no se tiene que hacer sin tu defensa”, dijo antes de ingresar al penal donde se llevó una audiencia el viernes sobre su caso.
Roxana Ruiz, tratada como culpable
“No me dieron atención ginecológica, me llevaron como culpable y no como víctima cuando se los dije desde un principio, no hubo verificación con perspectiva de género y no lo supe hasta que la licenciada protestó el cargo. A mí me hicieron firmar un papel, pero yo no sabía que no debía hacerlo. Las autoridades hacen mal su trabajo”, acusó.
Durante la audiencia, su defensa indicó que se presentarían irregularidades y omisiones en el debido proceso que se llevó a cabo.
Mujer y víctima del delito
La abogada defensora de Abigail Escalante denunció violaciones a derechos humanos que sufrió Roxana: tras 5 meses privada de la libertad, interpuso una denuncia el 6 de septiembre del 2021 porque ningún Ministerio Público acudió a ratificar su declaración.
Sostuvo que tampoco se tomó en cuenta que Roxana era mujer y víctima de un delito. “Bajo el delito de violencia institucional desde el principio no se consideró las condiciones para juzgar con perspectiva de género en donde las denunciantes además de ser mujeres han vivido circunstancias de violencia”.
La litigante dijo que “los derechos que se violaron al integrar la carpeta fue el derecho a ser entrevistada con perspectiva de género, así como por un conjunto de profesionistas que tenía el deber de investigar los hechos; además se vulneró el derecho a una defensa adecuada, cuando a ella le asignan una defensora pública”.
Roxana comentó que se siente bien de estar en libertad y hará lo posible porque su caso sea un precedente para más mujeres que conoció y que siguen en prisión.