CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El sector eléctrico en México está sumido en la incertidumbre. El Congreso someterá a votación hoy domingo una reforma constitucional que podría echar por tierra la apertura del mercado que se registró en 2013.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere devolver el poder a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que genera energía sucia, en detrimento de las empresas privadas, que tienen una mayor apuesta por las renovables y el gas natural.
Ya existe una ley en este sentido, pero como ha sido recurrida en los tribunales ahora López Obrador intenta consolidar los cambios mediante una reforma constitucional que tiene pocas posibilidades de prosperar pero que, según alertan sus críticos, solo generará más litigios y menos inversiones.
¿Por qué se promueve la reforma eléctrica?
Durante décadas, la CFE —un gigante con infraestructuras obsoletas y plantas contaminantes— era la única que podía comercializar electricidad.
Primero se permitió a privados generar energía para su autoabastecimiento, que era incentivado en el caso de las energías renovables. Con la reforma de 2013 se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.
El gobierno construyó gasoductos para importar gas natural de EE.UU. y hubo un auge en las inversiones porque la CFE abría convocatorias para comprar electricidad a firmas privadas.
El actual presidente siempre dijo que la reforma de 2013 dejaba la puerta abierta a la corrupción y a la privatización de la CFE. Además argumenta que las compañías privadas —fundamentalmente estadounidenses y españolas— se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.
La realidad es que las energéticas privadas utilizaron muchos vericuetos y vacíos de la ley y pudieron tener demasiados incentivos, como que el Estado no les cobrara por la utilización de las redes de distribución, que son de la CFE. En consecuencia, la estatal perdió cuota de mercado.
López Obrador no quería que la CFE perdiera más dinero y propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado.
La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
La ley permite además revisar o incluso anular contratos suscritos con las empresas privadas y deja inoperativo al órgano regulador que actuaba de árbitro del mercado, y cientos de compañías acudieron a los tribunales por lo que consideraron una clara violación a la libre competencia. Denunciaron que se violaban acuerdos internacionales firmados por México. Estos litigios bloquearon temporalmente su aplicación, aunque siguen en curso.
Se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.
¿Qué se debate?
Como la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.
Hay quienes piensan que es muy difícil que tal reforma prospere porque Morena, el partido de López Obrador, y sus aliados no tienen la mayoría cualificada —ni en el Congreso ni en el Senado— necesaria para su aprobación y la oposición se declaró abiertamente en contra.
Hoy debe votarse la ley en el pleno de la Cámara de Diputados y en caso de que pasara, luego tiene que ser debatida en el Senado.
Potenciando la generación de energía por la CFE, que es mayoritariamente muy contaminante, México difícilmente podrá cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático.