CHENALHÓ (EFE).— Familias y sobrevivientes de la masacre de Acteal, en la que paramilitares asesinaron a 45 indígenas hace 25 años, denunciaron ayer hostigamiento y violaciones de derechos humanos del gobierno municipal de Chenalhó.
En conferencia de prensa, la organización civil Las Abejas de Acteal indicó que estas violaciones van desde el corte de luz, agua, privación ilegal de la libertad y multas elevadas por falsas acusaciones a miembros de su organización.
Los manifestantes urgieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por la problemática que se agrava en las comunidades Campo Los Toros, Bach’en y Nuevo Yibeljoj del municipio de Chenalhó, donde los conflictos armados han desplazado a miles de indígenas.
“Le decimos al presidente municipal que estos hechos que viven nuestros compañeros ya mencionados son casos de emergencia y de gravedad que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados”, dijo a EFE Toño Gutiérrez, coordinador de Las Abejas.
Los denunciantes se manifestaron pacíficamente frente al palacio municipal de Chenalhó y exhortaron a las autoridades locales a abrir el diálogo, antes de que sucedan hechos violentos como los ocurridos hace 25 años en Acteal.
Su denuncia se produce poco antes de cumplirse 25 años de la matanza cometida por paramilitares contra 45 indígenas tzotziles que simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 22 de diciembre de 1997.
Los sobrevivientes recordaron cómo se fue gestando la violencia ese año y cómo las autoridades minimizaron esos pequeños problemas que después se magnificaron, por lo que pidieron al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, no cometer los errores de las pasadas autoridades.
“Hoy, al igual que hace 25 años, a pocos días de cumplirse la cruel masacre de Acteal, venimos aquí a la cabecera para advertirle al presidente municipal (…) que no siga el ejemplo y camino que tomó su antecesor de 1997”, expresaron.
Durante la conferencia, hombres y mujeres, en su mayoría, cargaban las cruces de los 45 muertos y cuatro nonatos, masacrados en el ejido Acteal durante un ayuno para lograr la paz en 1997, como símbolo del recordatorio y protesta de los hechos violentes que ha vivido el pueblo maya tzotzil.
Recordaron a las autoridades que aún no han cumplido su deber con los pueblos originarios, con los familiares y mártires de Acteal, por lo que urgieron nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publique su Informe de Fondo sobre el Caso 12,790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal).