CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La informalidad laboral es uno de los más importantes retos que afectan el disfrute del derecho al trabajo, señala el Coneval.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que altos niveles de trabajo informal inciden negativamente en los ingresos públicos y en las capacidades estatales para ofrecer servicios públicos de calidad, además establece una competencia desleal entre empresas y, a la vez, se perjudica a las empresas informales que no tienen acceso al crédito y no pueden crecer.
Tan solo de 2009 a 2020, la informalidad laboral en México ha registrado porcentajes cercanos al 60% de la población ocupada.
Al respecto, grupos como las y los jóvenes (59.2%), personas adultas mayores (75.7%), personas trabajadoras en el sector agropecuario (86.9%) y la población ocupada con menor escolaridad (79.5%) presentan porcentajes por encima de la informalidad promedio, destacó el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2022 elaborado por el Consejo.
El objetivo del diagnóstico es identificar los cambios en las condiciones que determinan el derecho al trabajo, así como nuevas formas de garantizar éste en un contexto cambiante, originado principalmente por la emergencia sanitaria y por las reformas en materia laboral, así como contar con información oportuna sobre el avance en la materia.
Señaló que el debilitamiento en los servicios públicos refuerza las prácticas de vinculación por medios informales mayormente asociadas al sector informal, potencia las consecuencias negativas de la vinculación informal, más aún cuando se trata de un contexto de contracción y poco dinamismo de la economía.
Desempleo en México
Una muestra de este problema es que el porcentaje de personas trabajadoras desempleadas que acudió a los servicios públicos de colocación fue de 1.3% en el primer trimestre de 2017 y descendió a 0.8% en 2021. Por el contrario, aumentó la importancia de la intermediación por medios privados, al incrementarse del 25.3% al 36.6% entre 2017 y 2021.
En opinión de los especialistas, la intermediación laboral debe mantenerse como prioridad en una política sectorial cuyo objetivo sea incrementar el acceso a empleos formales dignos. Se requiere favorecer el acceso de los buscadores de trabajo, así como de los grupos más vulnerables, a los servicios públicos de intermediación.
El estudio reconoce que en los últimos años hubo importantes avances en la política sectorial referente a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Sin embargo, es necesaria una estrategia para evitar que la inflación elimine dichos avances y genere una pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos y contractuales.
Asimismo, destacó que se requiere crear las condiciones, así como generar estrategias en torno al acceso a guarderías, flexibilización de tiempos de trabajo y reducción de la jornada laboral, para superar la brecha de participación económica entre mujeres y hombres.
Los analistas advirtieron que son necesarias nuevas estrategias para que las personas tengan acceso a la seguridad social con otros mecanismos y no solo por su condición laboral, propiciando el acceso a otros derechos sociales.