CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua (EFE).— El gobierno de Texas desplegó a lo largo del bordo del Río Bravo a aproximadamente 400 elementos de la Guardia Nacional, intimidando con esto a los migrantes que se ubican del otro lado del río, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que se mantiene de momento el Título 42, una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes.
La llegada de los agentes busca detener el flujo migratorio, luego que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. informó que seguirá vigente el Título 42, por el que las personas que intenten ingresar en territorio estadounidense ilegalmente seguirán siendo expulsadas a México.
Desde temprano, en Ciudad Juárez, a lo largo donde usualmente se entregaban los migrantes para solicitar asilo, había alambres de púas y los agentes de la Guardia Nacional de Texas llegaron con vehículos Hummer.
Una imagen impresionante e intimidante para los migrantes. Incluso los agentes militares bajaron más cerca a la zona federal, un hecho que no se había presentado en esta frontera.
El fin de semana pasado Oscar Leeser, alcalde de El Paso, declaró el estado de emergencia debido a la llegada masiva de migrantes a la ciudad cruzando la frontera con México, esto como resultado de la crisis humanitaria.
El venezolano Luis Fernando Espinoza, declaró que “es algo racista lo que hace el gobierno de Estados Unidos de militarizar la frontera. Uno quiere cruzar, cumplir su sueño de darle un mejor futuro a su familia”.
El Título 42, impuesto por el gobierno del expresidente Donald Trump como norma sanitaria durante la pandemia y mantenido por la actual administración, permite la devolución inmediata de la mayor parte de migrantes que buscan solicitar asilo en la frontera.
A mediados de noviembre, un juez federal en Washing-ton, D.C. ordenó al gobierno de EE.UU. poner fin al Título 42, y la norma se iba a levantar hoy miércoles.
Sin embargo, los fiscales de 19 estados reclamaron anteayer lunes al Supremo que la mantenga y el alto tribunal decidió dejarla de momento. En los próximos días, los jueces deben decidir si permiten o no que se congele la medida, mientras un tribunal de menor instancia decide el caso.
Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de personas, de acuerdo con datos del International Rescue Comittee (Comité Internacional de Rescate).