MONTERREY (EFE).— El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, alertó ayer que en caso de que se apruebe el plan b de la reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se corre el riesgo de que en las elecciones presidenciales de 2024 no se instalen casillas e incluso se anule la elección.
El llamado plan b incluye reformas a leyes electorales con las que, según el Presidente, se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.
Estos cambios se impulsaron luego de una reforma constitucional que fracasó en diciembre pasado, al no alcanzar los dos tercios necesarios del Congreso para cambiar la Constitución.
Córdova estuvo ayer lunes en Monterrey, donde ante estudiantes de Universidad local dictó la conferencia “Retos y Desafíos de las Autoridades Electorales” junto con Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Garantías de hoy
“Lo que pasa es que hoy las elecciones nos garantizan algo: que haya casillas, que haya una boleta esperando a cada ciudadano”, indicó a medios de comunicación tras la conferencia.
Dijo que “si no tenemos una organización electoral, evidentemente las elecciones se ponen en riesgo y, si sucede esto, se abre la puerta a lo que las elecciones buscan exorcizar en una democracia: que la disputa por el poder sea de modo pacífico, respetuoso del orden jurídico y no por otras vías”.
Subrayó que ese es el riesgo que se corre ante los cambios que se plantean y que podrían estar siendo votados en breve en el Congreso.
Además, Córdova dijo que esta es la primera reforma que se impone desde una mayoría sin dar los espacios de interlocución.
En la conferencia Córdova Vianello especificó que lo que se pretende es una reforma muy complicada que pone en riesgo, no solo las condiciones de competencia, sino que se puedan hacer elecciones como las conocemos, ya que pone en riesgo que se instalen todas las casillas y que estén integradas por ciudadanos.
También señaló que aunque el argumento que se planteó para la reforma es economizar en las elecciones, la propuesta oficial considera el despido de unos 6,000 empleados, lo que le estaría costando al Instituto unos 6,500 millones de pesos, según sus estimaciones.
Incluso aseguró que esa propuesta dejaría sin capacidad operativa al INE por la indemnización ante los despidos.