CIUDAD VICTORIA.- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la sentencia de un juez federal que ordena cancelar la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, señalado por delitos relacionados con la delincuencia organizada.
A través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), la fiscalía interpuso un recurso de revisión por el caso de García Cabeza de Vaca.
Cuando el expediente sea enviado, el asunto será turnado a uno de los dos Tribunales Colegiados en Tamaulipas para confirmar, modificar o revocar la resolución dictada.
¿Por qué cancelaron la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca?
El pasado 28 de febrero, Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, amparó al exgobernador y ordenó a su homólogo en el Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Beltrán Santes, en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejar sin efecto la orden de captura.
El juez demandó que se dicte una nueva resolución que establezca “que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos” que se le adjudican al exgobernador “ni la probabilidad de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los cometió o participó en su comisión”.
Dichos delitos se refieren a “delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos”
Los abogados defensores de Cabeza de Vaca afirmaron que el juez de amparo advirtió que el presunto esquema de lavado de dinero que afirmaron se le imputó erróneamente a su cliente y que se trataría de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía al político y que fue completamente ilícita.
Al respecto, la FGR cuestionó al mencionado juez, al acusarlo de actuar como un “agente de la defensa” de Cabeza de Vaca y justificar las operaciones financieras del imputado antes de analizar el caso.
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