PACHUCA.- En redes sociales circula un vídeo donde se observa un violento desalojo de un puesto de barbacoa al que acusaron de vender carne de perro.

El desalojo estuvo a cargo de trabajadores de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Tizayuca, Hidalgo, y ocurrió ayer domingo.

Violento desalojo de puesto de barbacoa ”por vender carne de perro’

En el vídeo se ve al personal del Ayuntamiento llegar al puesto de barbacoa denominado “El tío Pepe”, ubicado en la carretera México-Pachuca, a la altura del lugar conocido como Los Conos, donde, sin mediar palabra con el dueño, los trabajadores comenzaron a levantar mesas y sillas, y tirar los alimentos. 

Entre gritos y jaloneos se escucha al dueño exigir que no golpeen a su hijo menor de edad, sin embargo, continúa el desalojo. También se ve el momento en que acuden elementos de seguridad pública en apoyo de los empleados de reglamentos. 

Después el Ayuntamiento difundió unas fotografías presuntamente de la cabeza de un perro donde se señalaba que era la carne que se vendía en el establecimiento. 

Lo anterior derivó en el cierre de la carretera libre México-Pachuca, además de diversas manifestaciones de inconformidad por parte de los afectados. 

Al respecto, la alcaldía encabezada por Susana Ángeles, de Morena, aseveró que se trató de un operativo realizado luego de qué los dueños del lugar no cumplieran con la regularización de su situación, a través de los permisos correspondientes de venta. 

El Ayuntamiento niega violencia durante el desalojo

Indicaron que se habían enviado varios citatorios y al no ser cumplido se procedió al operativo en el que se aseguró que se resguardo la mercancía. 

“Negamos contundentemente que se hayan realizado acciones de violencia contra un menor de edad y una mujer joven como lo señalan los manifestantes”. Sin embargo, en el video que circula en redes sociales se puede constatar lo contrario. 

También dijo que la mercancía se regresó a sus dueños y acusó que éstos se negaron a realizar una audiencia en el Centro de Justicia Cívica, además de exigir el pago de 80 mil pesos por presunta indemnización. 

Por su parte, los afectados aseguran que la alcaldesa arremetió en su contra debido a que han defendido el ejido donde se encuentran ubicados.