A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto que invalida la primera parte del llamado plan b en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtió que, en caso de invalidarlo, el máximo tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
Acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.
“La Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas… de hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre éstos”, acotó.
Llamado oficial a la Corte
Tras advertir que de invalidar la primera parte del plan b de reforma electoral, estaría violando la división de poderes, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) hizo un llamado a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”.
La dependencia manifestó que “debe prevalecer el fondo sobre la forma”, pues señaló que así lo prescribe el artículo 17 constitucional y el criterio que fue utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos.
“El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”, señaló la Consejería.
“Dos parámetros”
En un comunicado, la dependencia reprochó que la Corte haya negado su petición para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, por lo que, señaló, la SCJN demuestra que existen dos parámetros: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada.
La Consejería aseguró que es “inexacto” que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues, afirmó, durante la aprobación de las leyes que integran el plan b en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia Corte.
La CJEF señaló que en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (plan b), al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual “es falso”.
“Resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el plan b en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, agregó.
En redes sociales el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, criticó a la Consejería y remarcó que “privilegiar la lealtad por encima de la capacidad” tiene sus costos: “A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos #DemocraciaConstitucional”.