SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (EFE).— Unos 4,000 indígenas, junto con organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon ayer por las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador poner un alto a la violencia del narcotráfico en el estado.
“Por los grupos armados la gente ya no vive contenta, viven todos desmoralizados”, dijo a EFE Jesús Gómez, indígena chol, quien viajó desde la selva para unirse a la demanda de exigir al gobierno mexicano cumplir con sus funciones.
“Que las autoridades municipales, estatales y federales hagan algo porque nosotros, como gente pobre, no podemos hacer nada, solamente las autoridades pueden hacer algo”, expresó el indígena.
La manifestación, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, partió del sur y poniente de la ciudad de San Cristóbal con rumbo hacia la iglesia Catedral donde realizaron una jornada de oración para la construcción de la paz.
El contingente lo conformaron indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, mam, chol, cachique, quienes al llamado de los caracoles y tambores avanzaron de forma pacífica por las calles.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban banderines blancos y pancartas en las que se podía leer “Hermano del Crimen Organizado escucha la voz de Dios que dice no mates a tu hermano”, “Exigimos al gobierno alto al alcoholismo, alto a la delincuencia”.
Durante su caminata también se expresaron: “¿Que exigimos para San Cristóbal? !La paz si, si; violencia no, no!”, “¡Viva la libertad, viva Chiapas, viva la verdad”, “La verdad nos hará libres, las voces de paz de los pueblos de Chiapas son silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.
También recordaron y celebraron los 100 años del nacimiento del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, el finado Samuel Ruiz, también defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas y México.
Desplazamiento forzado en México
La marcha finalizó con la organización católica leyendo un comunicado en el que denunció atropellos e injusticias que viven los pueblos indígenas y sus comunidades a manos del crimen organizado y la omisión del gobierno de México.
Por ello, su mensaje fue que las autoridades “simplemente hagan lo que les corresponde hacer, ellos se comprometieron con el pueblo a darnos paz y parece que fue todo lo contrario”, dijo Dardo Guillen, de San Cristóbal.
Mientras que el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, señaló que en algunas regiones de Chiapas “no existen condiciones para vivir, menos para realizar las elecciones federales, estatales y municipales, del 2 de junio, debido a la violencia”.
Casi 20,000 personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia.
Piden que se saque a malandros
Pobladores de Chicomuselo pidieron a los gobiernos federal y estatal que detengan a los líderes del crimen organizado y saquen a “los malandros” que operan en la sierra y la frontera de Chiapas.
A través de un documento, afirmaron que en ambas regiones se vive un momento “más que tenso” por la presencia de El Maíz, una organización paramilitar que opera en Chicomuselo y la Frontera Comalapa.
En esa región, manifestaron, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empleó la estrategia de “hacerle la guerra” al Cártel de Sinaloa usando a personas y comunidades a la fuerza. Mientras que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en una parte de Frontera Comalapa y en la sierra, además del poblado Chamic, ello le permite sitiar a rivales y “no dejarse” del CJNG.
Con el documento, los pobladores de Chicomuselo difundieron también un vídeo en el que piden que se escuche a los campesinos de las comunidades. “Ojalá lo escuchen en Palacio Nacional, en Tuxtla, en las sedes de la Sedena, de Seguridad Pública y actúen como les dicen en el video, escuchen a los pueblos que dicen verdad”.
En tanto, continúan los choques entre militares y habitantes de los municipios de El Porvenir y Siltepec, dejando varios heridos.
Dejan de visitar la Selva Lacandona
Cuando tropas de la VII Región Militar trataron de realizar patrullajes en estas comunidades, decenas de personas les pidieron que se retiraran, porque alegaron que cuando hay problemas con grupos criminales no tienen presencia.
Firmas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y México, que llevan turistas a la Selva Lacandona, anunciaron que dejarán de visitar el área ante el recrudecimiento de la violencia entre el Cártel de Sinaloa y CJNG, que desde hace tres meses mantienen el control del acceso a caminos y comunidades del municipio de Ocosingo, donde hay zonas arqueológicas, ríos y lagunas.— El Universal y EFE
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