CIUDAD DE MÉXICO.— Más de 80 organizaciones y redes defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica hicieron un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Poder Legislativo para desmilitarizar el control migratorio en el país.
Critican la participación de la Guardia Nacional (GN) en tareas migratorias, destacando que, desde 2019, ha sido empleada con una lógica de contención en las fronteras. En 2022, de casi 100 mil elementos desplegados en el país, más de 25 mil se concentraron en las fronteras norte y sur.
Según estas organizaciones, la militarización también abarca al Instituto Nacional de Migración (INM), donde se han designado perfiles militares en puestos clave, además de utilizar tecnología de vigilancia y armas exclusivas del Ejército en operativos.
Señalan que estas acciones generan detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos y una creciente impunidad.
Como respuesta, presentaron un documento con 12 propuestas, entre ellas derogar el acuerdo que reconoce al INM como instancia de seguridad nacional y eliminar la presencia de fuerzas armadas en puntos de control fronterizo.
Las organizaciones lanzaron la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, enfocada en la protección y garantía de derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y deportadas.
Entre los principales ejes destacan la construcción de una política de integración sostenible, el fortalecimiento del sistema de asilo, la erradicación de la discriminación racial y la protección de menores en situación de movilidad. También proponen medidas para garantizar la libertad de las personas migrantes durante procedimientos administrativos.