CIUDAD DE MÉXICO (EFE y AP).— Human Rights Watch (HRW) advirtió que México enfrenta una crisis de violencia e impunidad, donde más de nueve de cada 10 homicidios no reciben castigo.
La organización internacional presentó el informe “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, un estudio que revela que el país registra una tasa de 28 asesinatos por cada 100,000 habitantes, casi el doble del promedio de América (15) y por encima de Colombia (25.7) y Brasil (21.3).
“México tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo”, señala el documento.
Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, criticó la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) al señalar que el “abrazos no balazos redundó en actitudes omisivas, dejando a las comunidades desprotegidas frente a grupos del crimen”.
En su presentación en Ciudad de México, Goebertus expresó preocupación por las políticas del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Nos preocupa mucho que este Gobierno, a pesar de anunciar cambios, haya apoyado tanto la militarización a nivel constitucional, como la reforma al Poder Judicial”, advirtió.
🚨Nuevo informe: Menos del 20% de los homicidios en México, muchos cometidos por el crimen organizado, son investigados.
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) February 19, 2025
🇲🇽 México necesita urgentemente instituciones de justicia penal profesionales y efectivas.https://t.co/TApVHWC1KN
El informe también documenta que, de 2010 a 2022, las fiscalías estatales abrieron aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo en 51,000 casos se identificó un sospechoso, lo que representa una tasa de esclarecimiento del 17 %. Además, solo se emitieron siete sentencias condenatorias por cada 100 investigaciones entre 2016 y 2021.
HRW subrayó que la falta de coordinación entre las autoridades y las deficiencias en la investigación afectan gravemente el acceso a la justicia. La organización señaló que es urgente implementar reformas profundas en el sistema de justicia para garantizar el esclarecimiento de los crímenes y la protección de las víctimas.
Claudia Sheinbaum asumió la presidencia tras un sexenio marcado por más de 196,000 asesinatos, el más violento en la historia moderna de México. Aunque en 2024 los homicidios aumentaron 1.2 % hasta 30,057, el promedio diario de víctimas ha caído un 12 % en los primeros meses de su administración, situándose en 76.5.
A pesar de las promesas de una estrategia basada en la inteligencia y la atención a las causas de la violencia, HRW criticó la presencia de cerca de 230,000 soldados desplegados en el país al inicio del Gobierno de Sheinbaum.
“Su legado está en juego”, advirtió Juanita Goebertus.
El informe también resalta las dificultades para denunciar debido al miedo a represalias. Tyler Mattiace, investigador de HRW, señaló que “el mayor reto en las investigaciones de la mayoría de los homicidios es que las personas tienen muchísimo miedo de participar porque realmente temen represalias”.
En su análisis, HRW reiteró que sin una transformación profunda en las instituciones de procuración de justicia y una mayor protección a víctimas y testigos, la violencia y la impunidad seguirán marcando la realidad del país.
“Militarizar la seguridad pública, socavar las garantías de debido proceso y politizar la justicia no ha logrado que los mexicanos estén más seguros ni ha mejorado los pésimos resultados del sistema de justicia penal”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de insistir con estas políticas fallidas, la presidenta Claudia Sheinbaum debería abordar el problema central del sistema de justicia penal de México: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías”.
Tasas de homicidios extremadamente altas
Según el informe, México ha registrado tasas de homicidios extremadamente altas durante casi dos décadas. En 2023, la tasa de homicidios de México, de casi 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, fue una de las más altas del mundo. Fiscales y analistas independientes estiman que la mayoría de los homicidios son el resultado de conflictos entre y dentro de los grupos del crimen organizado que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.
Human Rights Watch concluyó que la mayoría de las investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscalías estatales en México nunca avanzan más allá de las etapas iniciales de la investigación y a menudo se cierran o se archivan sin ejercer ninguna acción penal.
Para 2024, México registró una tasa de 28 asesinatos por cada 100,000 habitantes, casi el doble que la media de América (15), y por encima de Colombia (25.7) y Brasil (21.3).
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo el 1 octubre de 2024, heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, en gran parte impulsada por conflictos entre y dentro de poderosos grupos criminales que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos y por los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad, que cuentan con una impunidad casi total, señala el informe.
HRW agrega que, desde 2007, más de 94,000 personas han sido reportadas como desaparecidas y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas.
“Para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política, y no politizar aún más el sistema de justicia”, dijo Goebertus.
Recomendaciones
También propone una serie de recomendaciones:
“Las autoridades mexicanas deberían adoptar medidas urgentes para garantizar que las fiscalías lleven a cabo investigaciones de homicidios exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos. Las fiscalías deberían elaborar planes estratégicos de persecución penal, para que los fiscales puedan priorizar mejor los casos, centrándose en esfuerzos por desmantelar a los grupos criminales responsables de los homicidios. También deberían garantizar que existan normas claras y objetivas para la contratación, ascenso y destitución del personal en los servicios profesionales de carrera”.
“Las autoridades estatales y federales deberían garantizar que las comisiones de víctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las víctimas. Deberían crear urgentemente mecanismos de protección eficaces para las víctimas y los testigos. También deberían adoptar medidas para mejorar la supervisión de las fiscalías mediante la creación de mecanismos de control externo que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil revisar las denuncias de irregularidades y recomendar cambios”.
Al mismo tiempo, propone que “Estados Unidos debería dar prioridad a los programas de cooperación internacional destinados a apoyar la profesionalización de las agencias de seguridad y justicia en México”. “Estados Unidos también debería realizar esfuerzos urgentes, en cooperación con el gobierno mexicano, para detener el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México”, concluye el informe.
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