CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que Morena lleva a cabo un programa de afiliación masiva ilegal.
Señala que coacciona a ciudadanos a sumarse a sus filas mediante el uso de programas sociales y utilización de recursos públicos.
El PRI solicitó la intervención de las autoridades electorales, la dirigencia del tricolor que encabeza Alejandro Moreno afirmó que la afiliación forzada que promueve Morena, con apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), constituye una grave violación a los principios democráticos.
PRI señala condicionamiento de los programas sociales
Las conductas de Morena denunciadas por el PRI son: violación al derecho de afiliación libre e individual, afiliación corporativa, uso de recursos públicos para favorecer a ese partido y el condicionamiento de los programas sociales.
El Comité Ejecutivo Nacional priísta sostuvo que “no solo atenta contra la libertad de asociación y autodeterminación política de los ciudadanos, sino que además distorsiona el sistema de partidos y debilita la confianza en las instituciones democráticas”.
También expuso que condicionar la entrega de programas sociales, como pensiones, becas o apoyos alimentarios, a la afiliación a Morena, configura un uso ilegal, parcial y electoral de recursos públicos, contrario a los principios de imparcialidad y legalidad, y debe ser sancionado como tal.
PRI señala que son utilizados planteles de la SEP
El CEN del PRI informó que se ha documentado públicamente que planteles educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) son utilizados para convocar, invitar y afiliar a padres y madres de familia a Morena.
Lo cual no solo es inadmisible en términos políticos, sino que constituye una violación frontal al principio de imparcialidad electoral.
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Apuntó que la apertura de escuelas de la SEP como espacios para actos de afiliación partidista configura el uso ilícito y parcial de recursos públicos federales.
Asimismo, explicó que la Constitución establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
Advirtió que las escuelas son operadas por personal federal, entre directores, maestros y personal administrativo, quienes actúan como servidores públicos conforme al Artículo 108 constitucional.
Dijo que “la utilización de su tiempo, trabajo o influencia jerárquica en estos actos partidistas agrava la falta”.
También destacó que la afiliación corporativa carece de validez jurídica, ya que es un derecho personalísimo de cada ciudadano decidir si desea pertenecer o no a un partido, conservar esa pertenencia o incluso desafiliarse.