GUADALAJARA (El Universal).— El alcalde con licencia de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso penal por el delito de delincuencia organizada con agravante de servidor público, luego de una extensa audiencia que concluyó la noche del viernes.
La resolución fue dictada por la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez, quien también impuso prisión preventiva oficiosa al funcionario emecista por el tiempo que dure el proceso judicial, y otorgó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar la investigación.
La defensa del edil se concentró en desacreditar las declaraciones de cuatro testigos de identidad reservada, presentados por la FGR en una audiencia a puerta cerrada. Argumentaron que los dichos no guardaban relación directa con las acusaciones contra su cliente.
Según los abogados, el resto de las casi cien pruebas presentadas por la FGR se referían a la estructura general del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Región Valles y no implicaban al alcalde.
Uno de los puntos principales de su defensa fue que Murguía Santiago no era servidor público durante la temporalidad que lo ubican los testigos, pues el cabildo le otorgó licencia desde el 1 de marzo para separarse del cargo y contender por la reelección.
También se quejaron de que en marzo la FGR citó al alcalde como testigo y, mediante preguntas inducidas, lo llevó a proporcionar información que luego fue utilizada para obtener una orden de aprehensión, lo cual consideraron una violación a sus derechos.
Estrategia fallida en Jalisco
La estrategia incluyó testimonios de su secretaria particular, quien aseguró que el edil estaba en campaña el 5 de mayo y no pudo haber estado en el rancho como afirmaron los testigos, pues terminó actividades hasta después de las 11 de la noche.
Policías municipales señalaron en entrevistas que desconocen la ubicación y funcionamiento del rancho donde presuntamente opera el CJNG, y un bombero declaró que el edil se perdió al intentar llegar a ese sitio con un grupo de madres buscadoras.
El Oficial Mayor del ayuntamiento negó que Murguía haya facilitado maquinaria pública para cavar fosas, y un empresario negó que su bar fuera punto de reunión entre el alcalde y líderes del crimen organizado.
Los abogados exigieron excluir a los testigos protegidos, alegando que no existía justificación legal para reservar su identidad y que ello colocaba a su cliente en desventaja procesal.
Por su parte, los fiscales se concentraron en señalar que los testimonios provienen de víctimas directas que estuvieron en el Rancho Izaguirre, donde dijeron haber visto al alcalde colaborando con el CJNG, y que la ley permite proteger su identidad sin autorización judicial.
Indicaron que esas declaraciones derivaron en cateos en los que se localizaron armas, drogas y equipo táctico con las siglas del grupo criminal, así como etiquetas de identificación con símbolos asociados a un mando delictivo.
Alegaron que los testigos ofrecidos por la defensa eran personas cercanas al alcalde —familiares o subordinados—, lo cual restaba objetividad a sus testimonios, mientras que los suyos aportaban datos concretos.