CIUDAD DE MÉXICO.- Según se expone en el más reciente número del documento Ciudadanía Católica y Análisis Social, del Consejo Nacional de Laicos, el robo de combustibles en México, conocido como huachicol, constituye una de las formas más alarmantes de corrupción, con profundas implicaciones políticas, económicas y sociales.
Los autores advierten que esta práctica ilícita no sólo persiste, sino que ha evolucionado hacia una red criminal compleja que involucra a funcionarios, empresarios, sindicatos, cárteles del narcotráfico y actores políticos vinculados a la 4T.
Huachicol fiscal y sus implicaciones
De acuerdo con el comunicado, el llamado huachicol fiscal representa una sofisticada modalidad delictiva que incluye la extracción ilegal de crudo desde plataformas en Campeche y Tabasco.
Así como su envío a refinerías en Texas y su reingreso clandestino a México a través de buques tanque.
Estas operaciones se realizan sin el pago de impuestos y con el respaldo de empresas fachada y redes financieras tanto en México como en Estados Unidos.
La gravedad de estos hechos, según se indica, radica en que parte de las ganancias terminarían financiando a actores políticos del partido en el poder, con el objetivo de mantener su influencia y control.
Ciudadanía Católica señala complicidades políticas
Ciudadanía Católica sostienen que el negocio del huachicol involucra a trabajadores y altos funcionarios de Pemex, líderes sindicales, autoridades estatales y municipales, así como operadores de los cárteles de la droga.
Esta convergencia de intereses habría derivado en una alianza estratégica que permite la permanencia del proyecto político de la 4T mediante la apropiación de recursos públicos y la tolerancia de la ilegalidad.
Asimismo, el documento cita publicaciones periodísticas y datos oficiales que revelarían cifras alarmantes:
Sólo en 2024 se detectaron más de 10 mil tomas clandestinas, mientras que decomisos recientes suman más de 18 millones de litros de diésel introducido de forma irregular.
Sin embargo, denuncian que los detenidos suelen ser personajes menores, mientras que los responsables de alto nivel permanecen impunes.
Señalamientos de Estados Unidos
El comunicado también recupera declaraciones oficiales del gobierno estadounidense, en las que se señala la existencia de una “relación intolerable” entre el crimen organizado y el gobierno mexicano.
Esta connivencia, advierten, ha facilitado el tráfico de drogas y la creación de refugios seguros para los cárteles, que incluso han sido calificados como organizaciones terroristas.
De forma paralela, autoridades estadounidenses han identificado a instituciones financieras mexicanas involucradas en presunto lavado de dinero, entre ellas una propiedad de Alfonso Romo, exfuncionario de alto nivel en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudadanía Católica hace un llamado urgente
Ciudadanía Católica concluye que México atraviesa un momento político de grave riesgo, en el que la corrupción estructural ha derivado en la formación de un “narcoestado populista”.
Advierten que esta situación es sostenida por un sector de la población que, por conveniencia o apatía, prefiere ignorar la magnitud del problema a cambio de beneficios económicos inmediatos.
Por tal motivo, Ciudadanía Católica hace un enérgico llamado a la oposición política, la academia, los medios de comunicación, la Iglesia y la sociedad civil organizada para resistir y denunciar este modelo de gobierno.
Enfatizan que, desde una perspectiva católica, es urgente defender los valores éticos, la legalidad y la dignidad del pueblo mexicano frente a una realidad que, aseguran, está marcada por la corrupción, el saqueo y la impunidad.