TEPIC.- Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez de Control determinó el pasado 11 de septiembre vincularlo tras una audiencia que se prolongó casi 48 horas.
La decisión obedeció a una ejecutoria de amparo obtenida previamente por Sandoval, en la que se ordenaba reponer la audiencia inicial y que el juez motivara y fundamentara su resolución.
Durante la diligencia, la FGR presentó los argumentos para atribuirle al exmandatario su probable responsabilidad en el delito señalado.
“Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito”, informó la dependencia.
Por lo pronto, Sandoval continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Cefereso número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic, Nayarit, en tanto se desarrolla el proceso penal.
Otros procesos por corrupción contra ex gobernador de Nayarit
Cabe recordar que Roberto Sandoval también enfrentó otro proceso relacionado con corrupción.
Apenas el 9 de septiembre pasado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que se emitió fallo condenatorio en su contra por el delito de falsificación de documentos, en su modalidad de uso de documento falso.
Estos procesos forman parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración como gobernador de Nayarit, periodo comprendido entre 2011 y 2017.
El cúmulo de señalamientos legales contra Sandoval ha derivado en un proceso de largo aliento que involucra tanto a autoridades nacionales como extranjeras, lo que mantiene al exgobernador bajo la lupa pública y judicial.
Señalamientos en Estados Unidos por vínculos con el CJNG
Los problemas legales de Roberto Sandoval no se limitan a México. En mayo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó conforme a la Orden Ejecutiva 13818, al considerarlo partícipe en actos de corrupción.
El gobierno estadounidense lo acusó de apropiarse indebidamente de bienes estatales y de recibir sobornos de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También lo vinculó con el Cártel de los Beltrán Leyva y con la red de Raúl Flores Hernández, un operador ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán y al CJNG.
De acuerdo con la sanción, tanto la esposa como los hijos del exgobernador también fueron señalados por mantener bienes ilícitos a su nombre.
Además, cuatro entidades vinculadas a la familia Sandoval fueron designadas como parte de la red: una carnicería, una tienda de ropa y accesorios, una fundación inmobiliaria y otra empresa comercial.
Consecuencias migratorias para la familia Sandoval
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, en 2020 la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México informaron que tanto Roberto Sandoval como su esposa, hijos y familia inmediata no serían elegibles para recibir visas estadounidenses.
La medida buscó limitar sus operaciones financieras y movilidad internacional, en consonancia con las acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado.
Con este nuevo proceso en México y los señalamientos en Estados Unidos, el exgobernador enfrenta un panorama legal complejo que combina acusaciones de enriquecimiento ilícito, corrupción y vínculos con el narcotráfico.