CIUDAD DE MÉXICO.— La creación o difusión de memes, stickers o contenidos generados con inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento de las personas involucradas podría castigarse con penas de tres a seis años de prisión y hasta 600 días de multa, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, del grupo parlamentario de Morena.
La propuesta, presentada el 23 de septiembre ante la Cámara de Diputados, busca adicionar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal para sancionar el uso no autorizado de imágenes, audios, vídeos o representaciones digitales que vulneren la identidad, voz o reputación de una persona.
“Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas. México no puede permanecer rezagado frente a esta realidad”, señala el documento.
Cárcel por hacer memes
El nuevo artículo 211 Bis 8 establece que se impondrá pena de prisión y multa a quien, por cualquier medio digital, cree, manipule, transforme o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales generadas con tecnologías de edición o inteligencia artificial que utilicen sin consentimiento la identidad o voz de una persona física con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad.
El artículo 211 Bis 9 plantea un aumento de la pena hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o si el contenido se difunde masivamente en redes sociales y genera un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima.
Corona Arvizu argumentó que su propuesta no pretende limitar la libertad de expresión, sino regular el abuso digital y proteger la identidad personal frente a la manipulación tecnológica, especialmente ante el aumento de los llamados deepfakes —imágenes o videos falsos generados con IA—.
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Iniciativa por contenidos con inteligencia artificial
“La creación de stickers, memes y contenidos generados con inteligencia artificial, cuando se realizan sin consentimiento, representan una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni permitir”, afirmó.
“La tecnología ha dejado de ser un simple instrumento de comunicación para convertirse en un medio con el poder de moldear identidades, construir reputaciones o destruirlas en segundos”, añadió el legislador morenista.
El diputado sostuvo que la iniciativa busca equilibrar el derecho a expresarse con el derecho a no ser vulnerado en la esfera personal y social. “La sanción penal generará un efecto disuasorio, reduciendo la impunidad en casos de ciberacoso”, indicó.
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Reforma al Código Penal por deepfakes
No es la primera vez que el legislador aborda el tema. En febrero de 2024, Corona Arvizu presentó otra iniciativa para sancionar la difusión de audios falsos de personajes públicos, al considerar que el uso indebido de tecnologías de manipulación digital constituye “una amenaza a la integridad y la convivencia social”.
“Detrás de cada personalidad pública hay un individuo con una vida que merece ser respetada. La tecnología debe servir a la humanidad, no ser un instrumento para la destrucción”, sostuvo entonces.
En paralelo, en el estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta anunció que se revisará el artículo 480 del Código Penal local —relativo al delito de ciberasedio— para excluir a los servidores públicos de posibles beneficios, con el fin de garantizar que no se use la ley para restringir críticas o comentarios.
“Debe quedar exento del beneficio de esta ley los servidores públicos; no hay censura y se pueden expresar libremente. Lo importante es que nadie se ponga el saco. Estamos hablando de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación”, declaró Armenta.
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Debate sobre libertad de expresión
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso poblano, Laura Artemisa García Chávez, coincidió en que las reformas deben asegurar la libertad de expresión y mantener el escrutinio público de los funcionarios.
La iniciativa ha generado debate en torno a los límites entre libertad de expresión y protección de la identidad digital. Organizaciones y usuarios en redes sociales advirtieron que una aplicación amplia de la norma podría derivar en censura de contenidos satíricos o humorísticos, especialmente aquellos dirigidos a funcionarios públicos.