La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por la Cámara de Diputados, debilitan el Estado de Derecho y ponen en riesgo la justicia constitucional del país.
Los cambios aprobados limitan el acceso a la justicia, reducen el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas, afectando la confianza en las instituciones, señala el organismo patronal.
Alertó que la eliminación de medidas de protección, como la suspensión del acto reclamado, podría generar consecuencias económicas graves, al dejar a las empresas expuestas a decisiones arbitrarias sin defensa judicial efectiva.
Recalcó que el amparo es un derecho humano, no un privilegio, y llamó al diálogo para fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial y mantener la certeza legal que impulsa el desarrollo económico del país.
El Senado aprueba las reformas a la Ley de Amparo
Cabe señalar que, en “fast track”, este miércoles el pleno del Senado avaló y turnó al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley de Amparo, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados para precisar que no habrá aplicación retroactiva de la norma.
Sin embargo, esa modificación fue calificada por la oposición como una farsa porque se mantiene la misma y se limita el acceso a la justicia lo que afectará a los ciudadanos.
Calificada por la oposición como “Ley del Desamparo”, la reforma fue aprobada en lo general por 83 votos a favor de Morena y sus aliados y 38 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Coparmex advierte sobre la reforma a la Ley de Amparo
La Coparmex dio a conocer su postura sobre las reformas a la Ley de Amparo en un comunicado, que dice lo siguiente:
En la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Amparo. Con ello, se mantiene un dictamen que modifica más de 30 artículos y que, lejos de fortalecer nuestro marco jurídico, debilita uno de los pilares históricos más importantes del Estado de Derecho, que es el juicio de amparo.
Durante más de un siglo, el amparo ha sido el instrumento más valioso para proteger a los ciudadanos frente a los abusos del poder.
Es el mayor legado del constitucionalismo mexicano al mundo, una herramienta que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley, que los derechos humanos sean efectivos y que la justicia no dependa de la voluntad política, sino de la Constitución.
Modificar ese equilibrio sin tomar en cuenta la opinión de juristas expertos y sin haber realizado un análisis técnico profundo, como tampoco una deliberación amplia, conlleva un riesgo institucional de gran magnitud.
Advertencia sobre la retroactividad con la Ley de Amparo
La versión aprobada en la Cámara de Diputados vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva que habíamos señalado como una amenaza directa a los juicios en curso, mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas.
Entre las disposiciones más delicadas, se restringe la suspensión del acto reclamado, incluso en materia fiscal.
Esto significa que una empresa podría enfrentar embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho.
Además, al exigir que cada persona o empresa promueva su propio amparo, se multiplican los costos legales y se saturan los tribunales, generando un sistema desigual donde las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana, quedan en desventaja frente a quienes sí pueden sostener largos procesos judiciales.
Consideramos también que la nueva definición de “interés legítimo” es más restrictiva.
Bajo esta interpretación, se debilita la defensa de derechos colectivos y se impide que asociaciones, cámaras o colegios puedan representar causas comunes.
Así, si una norma afecta al conjunto de la sociedad, solo quienes promuevan amparos individuales podrán obtener protección judicial, lo que deja abierta la posibilidad de que se mantengan normas inconstitucionales aplicables a la mayoría.
Coparmex: El amparo no es un privilegio, es un derecho
Desde Coparmex afirmamos con claridad que el amparo no es un privilegio. Es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución.
Restringirlo o hacerlo inaccesible equivale a debilitar el equilibrio entre gobernantes y gobernados, a reducir los contrapesos institucionales y a limitar la defensa de las libertades y derechos constitucionales.
Esta reforma no puede verse de manera aislada. Forma parte de una serie de cambios judiciales y electorales que, en su conjunto, concentran poder, reducen la independencia judicial y ponen en riesgo la división de poderes.
El Estado de Derecho no puede sostenerse si el ciudadano pierde la posibilidad de defender sus derechos y libertades frente al poder público. El impacto no es solo jurídico; es también económico.
Riesgo para la inversión y la economía en general
Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona.
México envía un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser confiable.
En un contexto donde México compite por aprovechar el potencial del T-MEC y del nearshoring, debilita la certeza jurídica y la legalidad, y es, sencillamente, dar un paso atrás en competitividad.
Durante el proceso legislativo, participamos activamente en el parlamento abierto junto con juristas expertos, académicos y representantes de la sociedad civil, aportando argumentos técnicos y evidencias claras sobre los riesgos que esta reforma implicaría para la justicia constitucional y la seguridad jurídica del país.
Sin embargo, esas voces fueron atendidas pero no fueron escuchadas.
El ejercicio de deliberación pública se quedó en un mero trámite, desaprovechando la oportunidad de construir una reforma verdaderamente sólida, equilibrada y respaldada por el consenso social.
Con ello, se debilitó la esencia misma del diálogo democrático y representativo, que debería ser la base de toda decisión que afecte el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales de los mexicanos.
Importancia de la certeza jurídica
Reafirmamos que el desarrollo económico y la justicia social solo pueden florecer en un entorno donde exista certeza jurídica.
- Sin Estado de Derecho no hay inversión.
- Sin justicia independiente no hay democracia.
- Y sin confianza en las instituciones no hay futuro sostenible.
El sector empresarial no busca privilegios. Lo que exigimos es igualdad ante la ley, certidumbre en las reglas y equilibrio en los poderes públicos.
Queremos un México donde el gobierno respete la ley, donde las empresas puedan operar sin arbitrariedad y donde los ciudadanos tengan plena confianza en que la justicia funciona.
Desde Coparmex hemos sostenido que la esperanza de este país es la sociedad civil organizada.
Coparmex seguirá defendiendo el juicio de amparo
Por eso, los 71 Centros Empresariales en todo México enviaron cartas a las y los Legisladores expresando nuestra inconformidad y proponiendo ajustes técnicos viables.
Nuestra Confederación seguirá participando en todos los espacios institucionales para defender el juicio de amparo como lo que es: un escudo importante de las libertades mexicanas.
Defender el amparo es defender la libertad, la justicia y el futuro de México.
En Coparmex, junto con nuestros 71 Centros Empresariales, seguiremos alzando la voz en los temas que afectan a la ciudadanía, con respeto, firmeza y convicción.
Seguiremos trabajando y colaborando con las autoridades porque creemos que solo a través del diálogo, la legalidad y la unidad podremos construir un México con desarrollo económico, justicia social y dignidad para todas las personas.