CEOs de Estados Unidos, preocupados por la reforma judicial y las relaciones comerciales con México

MÉRIDA.— Líderes de las principales compañías de Estados Unidos solicitaron al gobierno de Donald Trump impulsar la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

También advirtieron sobre el riesgo que representa, a su juicio, la “politización del Poder Judicial” en México. Afirmaron que amenaza los arbitrajes independientes y la estabilidad de las inversiones extranjeras en el país.

EN CONTEXTO. México retrocede en Índice de Estado de Derecho en 2025

De acuerdo con el periódico Reforma, los empresarios agrupados en la Business Roundtable (BRT) —una asociación que reúne a unos 200 directores ejecutivos de corporaciones globales como Tim Cook (Apple), Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Mary Barra (General Motors) y Raj Subramaniam (FedEx)— emitieron un documento dirigido a la Administración estadounidense.

En él, los firmantes expresan su preocupación por lo que consideran “discriminación” del Gobierno mexicano hacia compañías extranjeras en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería.

Quejas de empresarios de EE.UU.

Los líderes empresariales señalaron que en el sector energético México favorece a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En telecomunicaciones, privilegia a Telmex, propiedad de Carlos Slim y en aviación, protege a Mexicana de Aviación. En servicios de carga y paquetería impone trabas a las firmas internacionales, como la obligación de obtener licencias postales, con el objetivo de proteger al Servicio Postal Mexicano.

La BRT subrayó que estas acciones contravienen las disposiciones del T-MEC y afectan directamente el comercio transfronterizo. “Las recientes reformas judiciales en México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el país”, advirtieron los empresarios.

También expresaron inquietud por la propuesta mexicana de elegir a los jueces mediante voto popular. En su opinión, esto podría someter las decisiones judiciales a “consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”.

Llamado a restaurar el mecanismo ISDS

Para reducir los riesgos que, según los CEOs, implica la “politización judicial”, la Business Roundtable recomendó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) restaure el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) dentro del T-MEC.

Ese mecanismo, incluido en el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pero limitado en el actual T-MEC, permitía que los inversionistas estadounidenses demandaran al Estado mexicano ante tribunales internacionales independientes.

“La mera existencia del Mecanismo ISDS probablemente haría reflexionar a aquellas figuras políticas que estén considerando expropiaciones o presionando a los tribunales para que cedan a los caprichos políticos”, indica el documento citado por Reforma.

Críticas en EE.UU. a la Cofepris

La organización recordó varios casos que, según ellos, ejemplifican el deterioro del ambiente para la inversión: la expropiación de una cantera propiedad de una empresa estadounidense y la imposición de impuestos retroactivos a aseguradoras.

También criticaron el funcionamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La calificaron como un organismo con “falta de consistencia regulatoria” que retrasa la aprobación de productos médicos y biológicos estadounidenses.

La Business Roundtable concluyó su mensaje reiterando que las condiciones actuales en México “ponen en riesgo la confianza de los inversionistas estadounidenses”. Pidió que la próxima revisión del T-MEC en 2026 sirva para “restablecer la certidumbre jurídica” entre los países socios.

Advertencias de los empresarios

Entre las observaciones que la BRT hizo llegar al gobierno estadounidense destacan los siguientes puntos:

  • Reforma judicial: Consideran que socava el clima de inversión y el Estado de Derecho.
  • Derechos del inversionista: Piden restaurar el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS).
  • Barreras digitales: Señalan regulaciones que restringen el comercio digital, violando el T-MEC.
  • Prácticas fiscales: Denuncian auditorías “poco razonables” del SAT contra multinacionales.
  • Discriminación a favor de empresas estatales: Cuestionan el trato preferencial hacia Pemex, CFE y Mexicana de Aviación.
  • Regulación inconsistente: Acusan a Cofepris de tener un enfoque desigual que perjudica a las compañías extranjeras.