Los tres imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso por el delito de extorsión.
Los tres imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso por el delito de extorsión

CANCÚN.- Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra tres hombres señalados por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo presentara los datos de prueba correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión.

El caso se relaciona con amenazas y cobros ilegales dirigidos a un comerciante, cuya identidad permanece reservada.

Exigieron pago de “derecho de piso”

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de agosto del presente año, cuando Sergio Alejandro “N”, Ausencio “N” y Silverio “N” acudieron a un taller de aluminio para exigir al propietario un pago mensual de 2 mil 500 pesos.

Además, los imputados habrían amenazado con regresar para privarlo de la libertad e incluso atentar contra su vida, en caso de no acceder a la exigencia económica.

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Posteriormente, el 15 de septiembre, dos de los ahora vinculados, acompañados por otro individuo, regresaron al establecimiento con el objetivo de cobrar el monto exigido.

En ese momento, la víctima entregó mil 900 pesos, cantidad que logró reunir ante el temor generado por las amenazas previas. Este hecho fortaleció la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía.

Detención mediante orden judicial

Como resultado de las indagatorias, un Juez autorizó la orden de aprehensión correspondiente.

En consecuencia, Policías de Investigación localizaron y detuvieron a los tres señalados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso legal en su contra.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Sergio Alejandro “N”, Ausencio “N” y Silverio “N”.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de hasta dos años, o durante el tiempo que se desarrolle el proceso judicial, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y el adecuado desarrollo del procedimiento.