MÉRIDA.- La Constitución Mexicana ha tenido varias reformas electorales desde su promulgación en 1917. Estos cambios han transformado la manera en que se organizan las elecciones, quién las supervisa, cómo se integran los órganos de representación, como la Cámara de Diputados y el Senado, y las reglas que deben cumplir candidatos y partidos.
De acuerdo con el análisis “Principales aspectos de las reformas en materia electoral en México”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo para el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el país pasó de un sistema en el que el Gobierno y el Congreso tenían injerencia, a uno con autoridades electorales autónomas.
Con motivo de la propuesta de reforma electoral 2026 anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recordamos los cambios más significativos en materia electoral desde 1996. Algunas modificaciones buscaron dar mayor autonomía a las autoridades electorales.
Otras impulsaron la participación de mujeres, mexicanos en el extranjero o candidatos independientes. En años recientes, los cambios también han tocado la reelección, la paridad de género e incluso la elección de integrantes del Poder Judicial.
Aquí, el recuento de reformas electorales en México desde 1996.
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1996: autonomía total para el árbitro electoral
La reforma de 1996 es considerada una de las más importantes. El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy INE— obtuvo plena autonomía. Esto significó que ya no dependería del gobierno en turno para tomar decisiones.
La ley estableció que el Consejo General del IFE estaría integrado por nueve consejeros; además, por los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo, con voz pero sin voto en las decisiones del instituto.
Además incluyó cambios en la conformación del Congreso:
- Ningún partido podría tener más de 300 diputados.
- Se estableció un límite para que ningún partido tuviera una sobrerrepresentación mayor a 8% respecto a su votación nacional.
- En el Senado se incorporó el principio de representación proporcional. Con ello se estableció que cada estado elegiría dos senadores por mayoría, uno para la primera minoría (el mejor perdedor) y otros por lista nacional.
Otro cambio clave fue que el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial y sería la autoridad final para declarar válida la elección presidencial.
Además, se definió con claridad el esquema de financiamiento público a los partidos.
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— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 25, 2026
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2002: cuotas de género
En 2002 se dio un paso para impulsar la participación de mujeres en la política. Se estableció que ningún partido podría registrar más de 70% de candidaturas del mismo género en elecciones federales. Fue el inicio formal de las cuotas de género.
2005: voto desde el extranjero
En 2005 se permitió que mexicanos que viven fuera del país pudieran votar en la elección presidencial. Fue la primera vez que se abrió esta posibilidad, inicialmente solo para elegir Presidente de la República.
2007: control de la publicidad en radio y televisión
Tras la elección presidencial de 2006, se reformó la Constitución en 2007. Se prohibió que partidos o particulares contrataran directamente anuncios en radio y televisión para influir en el voto.
El IFE quedó como la única autoridad encargada de administrar los tiempos oficiales del Estado en medios electrónicos para campañas. Con esto se buscó evitar que el dinero privado influyera en la difusión de propaganda.
2012: candidaturas independientes y consulta popular
La reforma de 2012 permitió que ciudadanos sin partido pudieran postularse a cargos de elección popular, siempre que cumplieran ciertos requisitos. También se incorporó la figura de consulta popular, un mecanismo para que la ciudadanía pueda votar sobre temas de interés nacional.
2014: nace el INE y regresa la reelección
La reforma electoral de 2014 transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE).
El cambio más importante fue que el nuevo organismo no solo organizaría elecciones federales, sino que podría intervenir en procesos locales en coordinación con autoridades estatales. También, por petición de los partidos políticos, podría organizar la elección de sus dirigentes.
Ese mismo año regresó la reelección consecutiva para legisladores:
- Senadores podrían reelegirse hasta por dos periodos.
- Diputados federales hasta por cuatro.
- También se permitió la reelección de alcaldes y diputados locales en los estados.
2019: paridad total y revocación de mandato
En 2019 se estableció el principio de paridad de género en todos los cargos de elección popular. Esto significa que mujeres y hombres deben tener igualdad en candidaturas y en la integración de órganos de gobierno.
Ese mismo año se incorporó la figura de revocación de mandato para el Presidente de la República y gobernadores, permitiendo que la ciudadanía pueda decidir si continúan o no en el cargo antes de que termine su periodo.
2024: elección popular del Poder Judicial
Con la llamada reforma de 2024 se estableció que diversas autoridades del Poder Judicial federal serán elegidas por voto popular. Entre ellas:
- Ministras y ministros de la Suprema Corte.
- Magistradas y magistrados electorales.
- Jueces y magistrados federales.
También se contempló la elección popular de autoridades judiciales en los estados.
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2025: fin de la reelección inmediata y restricciones familiares
En 2025 se eliminó la reelección inmediata para senadores y diputados federales. Además, se estableció que los estados deberán prohibir la reelección consecutiva de alcaldes, regidores y diputados locales.
Otro cambio relevante fue un nuevo requisito: no podrán competir por un cargo quienes tengan vínculos familiares cercanos con la persona que actualmente ocupa ese puesto, si esa relación existió en los tres años previos a la elección.
Reforma electoral 2026: menos plurinominales
Como informamos, la propuesta presidencial incluye diez ejes, entre ellos la redefinición de la representación proporcional en el Congreso, la reducción del financiamiento público a los partidos, mayor fiscalización, uso de tecnología en procesos electorales, voto en el extranjero, regulación de inteligencia artificial en campañas y fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa.