CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles que apoyan a familias buscadoras reclamaron que el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, minimiza la crisis de desaparecidos en el país.
Este viernes, Presidencia dio un informe sobre los desaparecidos en México, tras lo cual, los grupos de búsqueda acusaron que las autoridades reducen la situación a carpetas ministeriales, invisibiliza a las víctimas, omite metodología y niega las desapariciones forzadas.
Además, arriesga subregistro y excluye a colectivos del diálogo técnico.
Reclaman falta de atención a crisis de desaparecidos
Organizaciones civiles, encabezadas por Fundar, recordaron que desde el inicio de la crisis de violencia en México en 2007, “diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México”.
En su comunicado, cuestionaron los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presentados en la conferencia matutina de Sheinbaum.
“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”.
En la conferencia, el gobierno federal afirmó que hay más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
“De 2006 a la fecha hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación.
Rosa Icela también destacó la creación de unidades especializadas, la base nacional de carpetas y la plataforma única de identidad.
“Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”, sostuvieron los activistas.
Denunciaron que, se tiene registro de malas prácticas, corrupción y omisión sistemática de las fiscalías “que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar”.
También se dijeron preocupados que el discurso oficial sostenga que “en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.
Señalaron que en México, la cifra negra (delitos no denunciados) es de 93%, por lo que “utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”.
Además, lamentaron que la presentación de estos instrumentos se realice “sin una convocatoria amplia, transparente y abierta”.
Consideraron que procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de familias, colectivos, expertas y organizaciones acompañantes.
Por su parte, Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a continuar haciendo esfuerzos por erradicar la crisis de desapariciones que vive el país, “particularmente llama la atención la revisión integral que se hará al RNPDNO con metodologías científicas y análisis de datos”.