MORELIA.- Un juez giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por su presunta responsabilidad en un operativo policial que derivó en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas en 2017.
La Fiscalía General del Estado (FGE) también busca a exfuncionarios y policías implicados en el caso Arantepacua, donde hubo heridos, detenidos y señalamientos de graves violaciones a derechos humanos, documentadas por la CNDH.
Ordenan detener a ex jefe policíaco de Michoacán
De hecho, la FGE informó que el juez también giró orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y 14 agentes de la policía estatal por el mismo caso.
Silvano Aureoles, del entonces PRD, y Bernardo Corona son buscados desde 2023, al haber órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desfalco millonario del erario, tras la construcción a sobreprecio de cuarteles de la Policía Estatal en su mandato (2015-2025).
Por dicho desfalco, elementos de la fiscalía detuvieron a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Aureoles; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSP.
Ejecución extrajudicial de cuatro indígenes purépechas
En el caso Arantepacua, la FGE informó que la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas ocurrió el 5 de abril del 2017, cuando Aureoles presuntamente ordenó a la policía estatal ingresar a ese poblado purépecha, del municipio de Nahuatzen.
La policía intentó recuperar alrededor de cien vehículos de carga que pobladores indígenas tenían retenidos, en protesta por un conflicto agrario ancestral que mantenían con el pueblo vecino de Capácuaro, municipio de Uruapan.
Sin embargo, se registró un enfrentamiento entre los policías e indígenas, dejando la muerte de cuatro civiles, que resultaron heridos de bala, entre ellos un menor de edad.
También se reportaron 38 pobladores heridos, diez más detenidos y el fallecimiento de un policía.
A fines de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales (por actos constitutivos de tortura), de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena.