MÉXICO.- El Gobierno de México rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificándolo de “tendencioso y falto de rigor”.

A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la información es tendenciosa y no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México.

“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025″, señaló.

De acuerdo con la SRE, el procedimiento de la Convención está diseñado para casos en que las desapariciones forzadas se cometan de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que “no corresponde a la realidad del México actual”.

El Gobierno mexicano indicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.

“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, enfatizaron.

Señalan omisiones en informe internacional

Agregaron que dicho informe “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.

Indicaron que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión “que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

Dichos señalamientos, apuntaron las Secretarías, reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.

Señalaron además falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como “la ligereza de sus premisas”, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes: “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

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