CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— A un año del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, organizaciones civiles denunciaron el incumplimiento de medidas de reparación y protección ordenadas por las autoridades en un caso emblemático de violencia feminicida en México.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmó ayer jueves que persisten omisiones en acciones preventivas y de atención integral para la familia de la menor, asesinada en 2015, a los 12 años, en el Estado de México. Entre las medidas pendientes, se mencionó vigilancia policial, cámaras de seguridad, botones de auxilio y transporte seguro para menores.
La SCJN emitió en 2025 una sentencia considerada histórica al reconocer a los familiares de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas con derecho a reparación integral del daño. El fallo también reconoció las afectaciones sufridas por la familia de Fátima tras años de violencia institucional.
El caso incluyó la situación de Daniel Quintana, hermano de Fátima, cuya muerte en 2020 fue vinculada al impacto emocional y al abandono estatal.
De acuerdo con el OCNF, continúan sin cumplirse medidas de reparación para la familia. “El incumplimiento institucional prolonga el daño a la familia y envía un mensaje de impunidad frente a la violencia feminicida”, señaló el organismo.
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, acusó al Estado mexicano de mantener un sistema de justicia “omiso e indolente”. También expresó decepción ante las autoridades federales y estatales.
El OCNF recordó que desde 2015 se han registrado más de 8,000 feminicidios en México. Asimismo, indicó que entre 2018 y junio de 2025 fueron asesinadas 26,652 mujeres, cerca de 10 al día.