CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció ayer que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda informó que está “reforzando” las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.
“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, apuntó la dependencia.
En este sentido, recordó que la UIF mantiene “coordinación permanente” con autoridades internacionales para “proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.
Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.
El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones del narcotráfico que la administración del presidente Donald Trump designó como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.
“Pacto criminal”
Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlos de narcotráfico por colaborar con “Los Chapitos” a cambio de sobornos y favores políticos.
Precisamente en el marco de este caso que involucra al gobernador morenista, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió el “pacto criminal” en 2018.
“Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos va a acusar o juzgar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada”, expresó en su habitual mañanera.
También, ante la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, la titular del Ejecutivo federal insistió en que no debe haber injerencismo y externó que no cree que el mandatario estadounidense Donald Trump busque una intervención.
“Sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos. Porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente Trump, son algunos que lo asesoran, que están ahí”.
“Que por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. ¡Pues no, no, México no es piñata de nadie!, declaró.
“¡Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27, aquí decide México, los mexicanos!”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.
Al reiterar que “en nuestra casa manda el pueblo” y “no mandan otros”, Claudia Sheinbaum señaló que hay quienes buscan como objetivo el injerencismo.
En el Salón Tesorería, aprovechó para señalar al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y lo señaló de ser “uno de los gobernadores más corruptos de México”.
Entre risas señaló que el senador priista se ha ido a Washington a dar declaraciones contra su gobierno.
También mencionó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y lo vinculó con el cártel inmobiliario, además que también se lanzó contra el periodista Héctor Aguilar Camín.