CIUDAD DE MÉXICO.- Menos de 24 horas después de solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo, Enrique Inzunza Cazarez se reincorporó al Senado de la República.
El senador, quien acusó una “embestida mediática” en su contra ante las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, no participó en la votación de tres reformas importantes.
En la sesión maratónica que se perdió el legislador, se aprobó – en primeras horas de la madrugada – aplazar la siguiente elección judicial, la anulación de elecciones por injerencia extranjera y la creación de una comisión para verificar que candidatos no tengan nexos con el narco.
Enrique Inzunza se reincorpora al Senado: ¿qué pasó con el caso en su contra?
Después de que ayer jueves solicitó licencia para dejar temporalmente su escaño a su suplente, Omar López Campos, el morenista se habría reincorporado al Senado, según informó La Silla Rota.
Su suplente había tomado protesta como senador el mismo jueves para participar en las sesiones de ese mismo día y de hoy viernes 29 de mayo.
Datos de La Silla Roja indican que Inzunza ya tenía varias semanas de inasistencia presencial a las sesiones legislativas.
La licencia de Inzunza fue presentada unos días después de que compareció en la Fiscalía General de la República (FGE) en Culiacán por las acusaciones de las autoridades estadounidenses en su contra.
Dicha comparecencia ocurrió el 26 de mayo.
Además de Inzunza, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses fueron imputados por cargos relacionados con narcotráfico en una corte de Nueva York.
¿Qué se votó en ausencia de Inzunza?
El Senado de la República aprobó, tras cerca de 10 horas de discusión durante el periodo extraordinario de sesiones, tres reformas relacionadas con la elección judicial, la injerencia extranjera en procesos electorales y la revisión de perfiles de candidatos.
Aplazan elección judicial a 2028
Una de las principales reformas avaladas por la Cámara Alta modifica la Constitución para aplazar la elección del Poder Judicial, que inicialmente estaba prevista para 2027, y trasladarla al año 2028.
El dictamen también incorpora la posibilidad de reelección para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La propuesta obtuvo mayoría calificada con 87 votos a favor y 41 en contra en lo general.
Durante la discusión en lo particular se rechazaron 17 reservas presentadas por legisladores de distintos partidos.
Tras su aprobación, el proyecto fue enviado a los congresos estatales y al Congreso de Ciudad de México para su análisis y eventual ratificación.
Injerencia extranjera será causal de nulidad electoral
El Senado también aprobó una reforma constitucional que establece la “intervención o injerencia extranjera” como nueva causal para anular elecciones en México.
La modificación al artículo 41 de la Constitución señala que podrán invalidarse procesos electorales cuando se compruebe la participación de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros con intención de influir en los resultados.
La reforma contempla que deberá demostrarse de forma objetiva la existencia de la intervención, la gravedad y el dolo de las acciones, así como su impacto determinante en la elección.
Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta como una medida para proteger la soberanía nacional frente a riesgos como campañas de desinformación, financiamiento ilícito o manipulación digital.
Por el contrario, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron que la redacción de la reforma es ambigua y podría utilizarse de manera discrecional para impugnar resultados electorales.
Comisión de Integridad revisará candidaturas
Otra de las reformas aprobadas establece la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que operará dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
Estará integrada por tres consejerías y tendrá como función canalizar información de candidatos hacia instituciones como: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR.
El objetivo es detectar posibles “riesgos razonables” relacionados con vínculos criminales o irregularidades financieras de aspirantes a cargos públicos.
Sin embargo, la reforma precisa que ni el INE ni los partidos políticos estarán obligados a cancelar candidaturas en caso de detectarse observaciones, ya que la decisión final seguirá dependiendo de cada fuerza política.
El proyecto aprobado fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor conforme al proceso legislativo correspondiente.