CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La aprobación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México representa un avance sin precedentes en el reconocimiento del derecho a cuidar y recibir cuidados, aunque su implementación dependerá de que existan presupuesto, infraestructura y mecanismos institucionales que permitan convertir ese derecho en una realidad, advirtió la abogada Úrsula Martínez.
El pasado 26 de mayo, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la legislación, que reconoce el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida. Autoridades señalaron la legislación como un avance histórico. Sin embargo, organizaciones feministas y colectivos han señalado que el principal desafío será garantizar las condiciones necesarias para su aplicación efectiva.
Úrsula Martínez, quien junto con la abogada Priscila Monge acompañó los litigios que impulsaron esta agenda, explicó que la ley fue resultado de una larga batalla jurídica para subsanar una omisión legislativa existente desde la creación de la Constitución local.
“Presentamos cinco juicios de amparo junto con activistas y cuidadoras para que fueran los jueces federales los que resolvieran sobre la omisión legislativa y obligaran al Congreso de la Ciudad de México a hacer la ley”, señaló. Agregó que fueron necesarias cuatro sentencias definitivas y 10 tesis aisladas para que se reconociera formalmente la omisión y se ordenara legislar en la materia.
La especialista sostuvo que la ausencia de una ley de cuidados vulneraba derechos fundamentales relacionados con la no discriminación, la igualdad de género y la justa remuneración por el trabajo.
También afirmó que la falta de una legislación impedía que el Estado contribuyera a redistribuir las tareas de cuidado, mismas que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres.
Martínez destacó que tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres y que dedican en promedio 36 horas semanales a estas labores, lo que equivale a una jornada adicional de trabajo, pues la mayoría también son empleadas.
Aunque consideró que la aprobación de la ley es un hecho inédito en México y relevante para Latinoamérica, advirtió que el mayor riesgo es que no pueda implementarse por falta de recursos. En ese sentido, señaló la necesidad de discutir mecanismos de financiamiento y fortalecer la coordinación institucional.
Como contexto nacional, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, aunque hasta ahora no se han presentado iniciativas legislativas. Para Martínez, además de los programas sociales, se requiere infraestructura pública que garantice cuidados dignos y reconozca esta labor.