GUANAJUATO.- Un tribunal de Guanajuato impuso una sentencia de mil 18 años y cuatro meses de prisión a un abogado declarado culpable de defraudar a 107 personas mediante la falsa venta de propiedades.
Además de la condena, considerada la más alta dictada en la historia judicial del estado, el responsable deberá reparar el daño económico ocasionado a las víctimas con un pago superior a 33 millones de pesos.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que se trata de una sentencia histórica, en la que el tribunal también ordenó el pago de 33 millones de pesos por reparación del daño.
Abogado operó el fraude masivo
Asimismo, Edgar Francisco operó el fraude masivo desde el despacho jurídico “Punto Legal”, que tenía a su cargo en la ciudad de León, Guanajuato.
La FGE destacó que el exhaustivo trabajo ministerial demostró ante los tribunales que el hoy sentenciado utilizó diversos artificios para engañar de forma consecutiva a las 107 personas.
Lo anterior ofertando inmuebles sobre los cuales no tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio alguno.
Según los agraviados, a través de redes sociales y páginas de venta en línea, el abogado ofertaba casas de remate.
Algunas de ellas a 200 mil o 250 mil pesos de pago de contado, con documentos avalados por notarios públicos.
Sentencia de más de mil años de prisión
El 26 y 30 de junio de 2026, cuando el tribunal dictó dos sentencias condenatorias en contra de Édgar Francisco, la primera por 438 años y 4 meses de cárcel.
La segunda por 580 años, acumulando una penalidad de mil 018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.
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Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel.
De igual manera, la FGE aseguró que el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos.
El acusado deberá devolver el monto defraudado
Logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente.
El fallo judicial impone la reparación del daño material por una cantidad de 29 millones 923 mil 100 pesos por el daño material.
Junto con un pago de 3 millones 326 mil 490 pesos por concepto de daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.