CIUDAD DE MÉXICO.— Ante la preocupante escalada de fraudes financieros, extorsiones y suplantación de identidad en el país, diversos especialistas del sector tecnológico y de seguridad urgieron a los tres niveles de gobierno y a la iniciativa privada a masificar y perfeccionar el uso de sistemas biométricos de reconocimiento para proteger a la ciudadanía.
Rodrigo Ramos, directivo de la firma especializada Identy.io, advirtió que la regulación en México avanza a paso lento, por lo que requiere de un marco coordinado y obligatorio que evite la discrecionalidad tanto en empresas como en dependencias públicas.
“Se deben implementar los máximos filtros de seguridad y capacidades tecnológicas, especialmente ante el desarrollo de ciberataques sofisticados que ya vulneran sistemas de identificación tradicionales”, dijo el experto.
La urgencia de estas medidas se ve respaldada por las alarmantes cifras oficiales. De acuerdo con proyecciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cerca de 16 millones de mexicanos corren el riesgo de ser víctimas de algún fraude digital durante este 2026.
Esto representa un incremento estimado del 18% respecto a los 13.5 millones de casos registrados el año anterior. Asimismo, el Buró de Entidades Comerciales reportó que las estafas aumentaron un 32% anual tan solo en el primer trimestre del año.
No obstante, la adopción de estas tecnologías enfrenta severos desafíos legales y de privacidad. Recientemente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa histórica de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) por recabar información biométrica mediante el sistema Fan ID sin haber obtenido el consentimiento explícito de los aficionados.
A la par, el país combate amenazas críticas como el SIM Swapping o clonación de chips telefónicos para burlar la seguridad bancaria. Para mitigar esta brecha, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendió una prórroga para el registro obligatorio de las 145 millones de líneas móviles activas, buscando eliminar el anonimato y frenar la delincuencia.