GUANAJUATO.— El operativo anunciado como un “golpe histórico” contra el huachicol, en el que autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en una terminal de almacenamiento de Grupo SIMSA, en San José Iturbide, Guanajuato, quedó bajo cuestionamientos debido a que hasta ahora no se ha acreditado el origen ilegal del combustible ni se reportaron detenidos.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de Guanajuato informaron el jueves 17 de septiembre sobre el aseguramiento de los 59 millones de litros, además de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación de la empresa.
Sin embargo, el operativo habría ocurrido el 4 de septiembre, no el día 17 como se dio a conocer inicialmente. La planta tampoco fue clausurada y, según el reporte, retomó actividades el 10 de septiembre.
El combustible permaneció en los tanques de SIMSA y las instalaciones no fueron selladas. Tampoco hubo personas detenidas como resultado del operativo.
La FGR informó que las investigaciones contra redes vinculadas con el contrabando de combustible derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo cuyo origen, hasta ese momento, no había sido acreditado.
El Gobierno de Guanajuato, en tanto, calificó la intervención como un aseguramiento de 59 millones de litros de “presunto hidrocarburo” y destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales.
SIMSA rechaza irregularidades
Gas Natural del Noreste (SIMSA) aseguró que la terminal de almacenamiento cuenta con los permisos correspondientes y que la empresa no es propietaria del combustible que se encuentra en sus instalaciones.
La compañía explicó que su función consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias, las cuales, según su versión, cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante SIMSA la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos.
SIMSA sostuvo que la operación de la terminal es lícita y está regulada por autoridades federales, estatales y municipales. Además, señaló que puso a disposición de la FGR la documentación relacionada con la legalidad de sus operaciones y su relación comercial con las empresas usuarias.
Cuestionan el procedimiento
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especializada en energía, señaló que las autoridades habrían incurrido en un error al realizar el operativo en la terminal.
Según el especialista, SIMSA tiene la posesión, pero no la propiedad, del combustible que almacena. Entre sus clientes, mencionó a Pemex, ExxonMobil, Ferromex y Kansas City.
Monroy explicó que la procedencia del combustible puede rastrearse desde la refinería o punto de importación hasta la terminal y consideró que, si existieran discrepancias relacionadas con importaciones o volúmenes, la revisión debería realizarse en los puntos de entrada al país.
La terminal de SIMSA es considerada una de las principales instalaciones de almacenamiento y distribución de combustibles del Bajío. Tiene una capacidad de 630 mil barriles, equivalente a cerca de 100 millones de litros.
Con una capacidad de ese tamaño, los 59 millones de litros reportados por las autoridades representan una parte sustancial del volumen que puede almacenar la instalación. No obstante, la información difundida hasta ahora no acredita que ese combustible tenga un origen ilícito.