CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La crisis de desapariciones en México se ha agravado, con una impunidad superior al 98% y 72 mil cuerpos sin identificar, advirtió Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Sostuvo que las medidas adoptadas por las autoridades no han sido suficientes para contener el problema y que los mecanismos internacionales representan para muchas víctimas la última esperanza de obtener respuestas.
En un foro organizado por la American University, explicó que el registro de personas desaparecidas pasó de poco más de 96 mil casos en noviembre de 2021 a más de 131 mil en abril de 2025. En ese período, los cuerpos sin identificar aumentaron de 52 mil a 72 mil.
“Era claro que la situación no había mejorado, sino que la situación se había agravado”, manifestó.
A ese panorama se suman amenazas, hostigamientos y ataques directos contra las familias buscadoras, sobre todo contra las madres.
Albán señaló que la gravedad de estas agresiones, el incremento de las desapariciones y la falta de resultados en las investigaciones llevaron al Comité a activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso mexicano a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El especialista rechazó las críticas del gobierno mexicano a esa decisión y aseguró que previamente se recibió información oficial, se escuchó a las autoridades y se analizaron aportaciones de organizaciones civiles.
Subrayó que la función del Comité es garantizar el cumplimiento de la Convención: “Nosotros no estamos allí para ser amigos, nosotros estamos ahí para velar por los intereses de las víctimas”, puntualizó.
Albán explicó que el artículo 34 constituye el último escalón de supervisión internacional previsto en la Convención y responde a indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática. Su activación estuvo precedida por años de seguimiento, una visita a México y casi 800 acciones urgentes.
También citó el Rancho Izaguirre como ejemplo de la gravedad del fenómeno y de la necesidad de investigar los patrones de actuación de las organizaciones implicadas.
Michael Chamberlin, defensor que acompaña a colectivos de familiares, cuestionó que las autoridades presenten cambios legales y administrativos como resultados cuando las desapariciones y la impunidad persisten. “Tenemos leyes, instituciones, protocolos, mecanismos y las cosas siguen empeorando”, sostuvo.
Afirmó que las familias agotaron las vías de diálogo interno y recurrieron a la presión internacional para exigir prevención, justicia y verdad.