Una investigación periodística de Víctor Hugo Arteaga, difundida por Aristegui Noticias, reveló que Grupo de Seguridad Privada Pryse obtuvo 246 contratos de 28 instituciones públicas entre 2019 y 2026, por un monto cercano a los 12 mil 900 millones de pesos, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El caso llamó la atención de la periodista Denisse Dresser, quien en un mensaje en X opinó que la investigación revela un posible “modus operandi” de Morena en el ejercicio del poder.
De acuerdo con los datos presentados por Arteaga en el programa Aristegui en Vivo, la cifra corresponde a contratos sin IVA. Al incluir ese impuesto, los recursos recibidos por la compañía rondarían los 15 mil millones de pesos.
La investigación también puso bajo cuestionamiento la identidad y participación de la accionista mayoritaria de la empresa, así como la concentración de contratos públicos en un reducido grupo de proveedores y los mecanismos de vigilancia de las instituciones.
Grupo Pryse: contratos con IMSS, Capufe y Tren Maya
Entre las 28 instituciones que contrataron los servicios de Grupo Pryse figuran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el Tren Maya y la Secretaría de Marina.
Según las cifras expuestas por el periodista, el IMSS concentra el 39.5% de los contratos; IMSS-Bienestar otorgó adjudicaciones por 3 mil 107 millones de pesos, equivalentes al 24.1% del monto investigado. Capufe contrató servicios por 2 mil 98 millones de pesos y el AICM por 925 millones. En tanto, el Tren Maya aparece con 185 millones de pesos.
Uno de los datos que sobresalen es el crecimiento de las adjudicaciones durante 2025. En ese año, la empresa recibió 70 contratos por 5 mil 552.9 millones de pesos, cantidad equivalente al 43% del monto acumulado durante el periodo analizado.
Para 2026, los contratos registrados sumaban mil 525.7 millones de pesos. Además, la compañía figuraba entre las participantes de una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz por 646 millones de pesos.
Arteaga cuestionó que, pese a existir 5 mil 124 empresas que podrían prestar servicios de seguridad privada subrogada a dependencias gubernamentales, las contrataciones se concentren en apenas tres o cuatro proveedores, entre los cuales Grupo Pryse sería uno de los más favorecidos.
¿Quién es la accionista de Grupo Pryse que vive sobre una tienda?
Otro aspecto que destacó la investigación es la participación de Silvia Muciño Negrete, de 90 años de edad, quien aparece como accionista mayoritaria de Grupo Pryse, con el 51% de las acciones.
El periodista explicó que el equipo de investigación verificó el domicilio registrado en la credencial para votar de la mujer y encontró que corresponde a un departamento situado encima de una tienda de abarrotes y un depósito de cerveza, en una zona de condiciones modestas.
La ubicación llamó la atención por el contraste con los miles de millones de pesos en contratos obtenidos por la compañía. Sin embargo, Arteaga aclaró que todavía buscan entrevistarse con Muciño Negrete para conocer su participación efectiva en la administración y las decisiones de la empresa.
También dijo que un especialista en grafoscopía forense encontró diferencias que le generaron dudas entre algunas firmas atribuidas a la accionista en contratos gubernamentales y la rúbrica de su credencial de elector. No obstante, reconoció que la edad de la mujer podría influir en la manera de realizar su firma.
La investigación documentó, además, que tres contratos otorgados por el IMSS a Grupo Pryse el 28 de noviembre de 2025 sumaron más de mil millones de pesos. Las adjudicaciones fueron por 365 millones 407 mil pesos, 343 millones 248 mil pesos y 334 millones 911 mil pesos, para servicios de seguridad subrogada.
Inhabilitaciones y amparos le permitieron seguir contratando
El reportaje también documentó que Grupo Pryse fue inhabilitado durante 2025 por órganos internos de control del AICM, IMSS-Bienestar y el propio IMSS debido a irregularidades relacionadas con información proporcionada durante procedimientos de contratación.
Sin embargo, la compañía promovió recursos judiciales y obtuvo suspensiones que le permitieron continuar participando en licitaciones y recibir nuevos contratos públicos.
Arteaga relató que uno de los antecedentes ocurrió en diciembre de 2025, cuando la empresa consiguió participar en una licitación por mil millones de pesos después de obtener una suspensión provisional.
Según explicó, la medida judicial se concedió ocho días antes del procedimiento y el fallo se emitió diez días después.
¿Quién adjudica los contratos y supervisa los procedimientos?
A raíz de estos hallazgos, Denisse Dresser consideró que el caso no debe analizarse de manera aislada, sino que amerita revisar quién adjudica los contratos, quién supervisa los procedimientos y por qué las alertas institucionales no han impedido nuevas contrataciones.
También relacionó la investigación con los cuestionamientos por los contratos adjudicados durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo monto se ha estimado entre 646 millones y mil millones de pesos.
Dresser sostuvo que no basta con investigar lo ocurrido en el INE, sino que es necesario revisar si existe un patrón de concentración de recursos públicos, proveedores favorecidos, controles insuficientes y falta de rendición de cuentas.