MÉXICO.- La activista mexicana e hija de personas desaparecidas, Alejandra Cartagena López, trabaja con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en la elaboración de una guía para orientar a familiares de personas desaparecidas sobre los mecanismos de protección de sus derechos y la reparación del daño por parte del Estado.

“Que un organismo internacional les diga cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene una desaparición más allá de la búsqueda y de la investigación, que es donde se han centrado los Estados”, dijo Cartagena en entrevista este miércoles con EFE en Guadalajara, Jalisco.

La activista destacó que el documento busca orientar a los gobiernos sobre cómo atender las múltiples implicaciones legales y administrativas que conlleva la ausencia de un familiar.

La académica y defensora de los derechos humanos explicó que la mayoría de los países concentra sus esfuerzos en estrategias de búsqueda e identificación mediante las fiscalías o comisiones especiales. Sin embargo, las familias enfrentan otros problemas cotidianos que también requieren atención.

Entre ellos destacan la subsistencia económica, el acceso a la salud, la educación y una vida digna para niñas, niños y adolescentes, así como para las parejas y los padres que sufren las consecuencias de una desaparición forzada y quedan en situación de desprotección.

En México existe la Declaración de Ausencia, un recurso legal que protege la personalidad jurídica de la persona desaparecida. Este mecanismo evita, por ejemplo, que alguien despoje de sus bienes al ausente y permite que su familia mantenga sus medios de subsistencia y proteja sus derechos hasta que las autoridades lo localicen.

Reparación integral para las familias de desaparecidos

“¿Cómo llevas a cabo acciones para (proteger a) esa familia, esos niños, esas niñas, adolescentes o esa mujer que está en un tratamiento de cáncer? De alguna manera el Estado tiene que subsanar. La Corte Interamericana habla de verdad, de justicia y de reparación integral con un enfoque transformador”, enfatizó.

La ONU eligió a Alejandra Cartagena López para colaborar en esta guía por su amplia trayectoria jurídica y su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.

Su padre murió asesinado y su madre desapareció en 1978 debido a su pertenencia a la Liga Comunista 23 de septiembre, una guerrilla urbana que operó en México durante la década de 1970.

Cartagena contó que crecer en ese entorno la llevó a estudiar Derecho y a colaborar con colectivos desde joven para buscar a sus familiares y a los de otras personas. Actualmente desarrolla esta labor en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), donde acompaña casos de desaparición en Jalisco.

La activista considera que la crisis de desapariciones forzadas en México, que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes, es consecuencia de décadas de omisiones y complicidad de los gobiernos federales desde la alternancia democrática con el expresidente Vicente Fox (2000-2006).

“No se tuvo el reconocimiento (del problema) y esta bolita de nieve creció. Tenemos 72 mil cuerpos sin identificar en el país porque el Estado no está preparado y hay un poder de la delincuencia organizada en diferentes territorios del país que no sería si no hubiera complicidad del Estado”, concluyó.

Desapariciones en México: ONU activa mecanismo internacional

En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió aplicar por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada en México. Este mecanismo permite solicitar a la Asamblea General que examine con urgencia una situación de desapariciones forzadas cuando existen indicios bien fundados de que el fenómeno ocurre de manera generalizada o sistemática.

En México, más de 130 mil personas continúan sin localizar, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza los casos desde 1950.

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