GNNac Niños reclutados por el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.— La violencia del crimen organizado provoca el cierre de escuelas, abandono escolar y desplazamiento forzado en México, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento de menores y garantizar los servicios educativos en las comunidades afectadas.

En sus observaciones sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata, sin que se les reconozca como víctimas.

El organismo recomendó impulsar estrategias comunitarias de prevención con participación de organizaciones civiles y de la infancia. También pidió dar prioridad a la investigación y sanción de desapariciones, feminicidios y otros delitos contra menores, además de establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.

La inseguridad, señaló, también interrumpe los servicios de salud, incluidas las campañas de vacunación y los tratamientos especializados, pues los bloqueos impiden el acceso del personal sanitario a determinadas comunidades.

Autoridad civil

Ante este panorama, solicitó garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante la presencia de autoridades civiles y proteger a quienes los prestan. Asimismo, recomendó evaluar los efectos de la violencia por estado y municipio, especialmente entre menores, comunidades indígenas y habitantes de zonas rurales.

El Comité cuestionó la falta de información sobre investigaciones y condenas contra funcionarios por su posible colusión con organizaciones criminales. Pidió investigar esas conductas, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.

También advirtió que los hijos de personas desaparecidas enfrentan abandono escolar, pérdida de redes de apoyo y exposición al acoso y violencia. Las mujeres que buscan a familiares pueden perder empleo, ingresos, vivienda y seguridad social.

Para estas familias, solicitó apoyos económicos, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa, independientemente de su lugar de residencia. Además, recomendó restablecer el mínimo presupuestario para atender a víctimas y asegurar fondos estatales.

Sobre el desplazamiento forzado, señaló la falta de una ley general y propuso crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas, con garantías para su retorno seguro.

En educación, pidió una estrategia contra el abandono escolar que atienda la violencia, la pérdida de cuidadores y separación familiar. Recomendó aumentar la inversión por alumno, evaluar becas, eliminar costos ocultos y prevenir y sancionar violencia sexual en escuelas públicas y privadas. Llamó a fortalecer la educación bilingüe en comunidades indígenas.

En materia presupuestal, cuestionó la disminución de las asignaciones federales para la niñez, la salud y la educación media superior en 2026, y recomendó incrementar los recursos para garantizar estos derechos. También pidió reforzar las inspecciones contra el trabajo infantil, especialmente en la agricultura y el servicio doméstico, y asegurar la reintegración escolar de los menores afectados.