MIAMI (EFE).— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer la “campaña de estigmatización y hostigamiento” de la alcaldía de Medellín contra el diario “El Colombiano” e instó a sus funcionarios a suspender esa práctica peligrosa que podría desencadenar “actos de violencia física”.
“El Colombiano” denunció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y algunos de sus funcionarios menoscaban la credibilidad del periódico, al que calificaron como “pasquín”, y hostigan y estigmatizan en redes sociales a su directora, Luz María Sierra, en represalia por investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades, nepotismo y actos de corrupción.
Además, la alcaldía de la citada ciudad “obstaculiza, demora o no responde pedidos de acceso a información”, dijo la SIP, con sede en Miami, Florida.
Según el medio, desde su llegada a la alcaldía en 2020, Quintero mantiene una actitud de alejamiento respecto a los medios de comunicación, en especial con “El Colombiano” y sus periodistas.
Quintero fue suspendido de su cargo el 10 de mayo pasado por expresar en un video su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.
La Procuraduría General lo acusa de infringir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar en la política electoral.
No se precisó cuánto tiempo durará la suspensión, aunque presumiblemente será hasta que finalice la segunda vuelta electoral y se anuncie el nuevo presidente del país.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al alcalde y a su equipo de trabajo a “cesar el hostigamiento” contra “El Colombiano” y expresó su “preocupación por la continua estigmatización y el descrédito proveniente de la alcaldía”, acciones, dijo, que pueden “motivar la violencia y amenazas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, recordó que en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, muchas veces sujeta a tensiones naturales, pero esto “no justifica campañas de descrédito desde el poder”.
Canahuati y Jornet subrayaron, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.”
La semana pasada, funcionarios de la Alcaldía arremetieron en contra de la directora del diario por cuestionar un viaje del alcalde y otras nueve personas a Washington, DC, para denunciar su suspensión ante la CIDH.