LIMA (AP).— El destituido presidente de Perú Pedro Castillo deberá permanecer 18 meses en prisión en lo que se lleva al cabo una investigación en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ordenó un juez ayer jueves 16 de diciembre, después de aceptar la solicitud de la fiscalía.
Mientras el juez supremo Juan Carlos Checkley leía su resolución en una audiencia virtual, cientos de manifestantes recorrían las calles aledañas al Congreso y la Corte Superior de Lima, custodiadas por un fuerte contingente policiaco.
En tanto, el Parlamento debate un proyecto para adelantar las elecciones a fin de ponerle fin a las violentas protestas que se han registrado en los últimos días después de la destitución y detención de Castillo.
El Ministerio de Salud confirmó el jueves que 14 personas han muerto durante las protestas, mientras que otras 40 han sido hospitalizadas. Los fallecimientos se han registrado en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho, en el sur del Perú, y La Libertad, en el norte.
El gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo que se suspenden derechos y libertades públicas en un intento por contener los enfrentamientos, los cuales han afectado al comercio y al turismo debido a los bloqueos en carreteras y el cierre de aeropuertos y servicios ferroviarios.
La medida suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policiaca en la contención de las manifestaciones.
Las autoridades ordenaron ayer por la tarde un toque de queda en 15 provincias ubicadas en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. La medida empieza a las 18, 19 ó 20 horas, dependiendo el lugar, y se extiende hasta las 4 de la madrugada.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita en la audiencia estuvo en manos de un abogado de oficio, pues el abogado acreditado del expresidente, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que su ausencia se debe a que considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento ocurre luego de una destitución que incumple las leyes.
La defensa de Pedro Castillo
El abogado de oficio, Ítalo Díaz, recalcó que Castillo no incurrió en actos de rebelión debido a que no se alzó en armas y aseguró que no hay riesgo de que el exmandatario obstaculice la pesquisa debido a que ya no está al frente del gobierno. En la cuestión del asilo, indicó que lo dicho por la cancillería mexicana no significa que Castillo hubiera presentado una solicitud. Díaz anunció que apelaría la decisión para buscar anularla.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que Castillo enfrenta entre 10 y 20 años en prisión y existe riesgo de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo.