LONDRES (EFE).— El gobierno de Irán ejecutó en los primeros cinco meses de este año lo menos a 173 personas condenadas por delitos de drogas tras juicios “sistemáticamente injustos”, según denunció ayer Amnistía Internacional (AI).
Esa cifra casi triplica a la registrada el año pasado durante ese mismo periodo, advirtió AI, que precisó que las ejecuciones por ese tipo de delitos afectan, sobre todo, a personas “de entornos marginales y económicamente desfavorecidos”.
AI recordó que casi el 70% de todas las ejecuciones ordenadas por el régimen de la República Islámica entre enero y mayo pasado fueron “por delitos de drogas”.
“Un 20% de las ejecuciones registradas fueron de personas de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluchi de Irán, a pesar de que sólo el 5% de la población iraní pertenece a ella”, dijo.
La organización subrayó que este aumento del número de condenas de muerte viola “el derecho internacional” y pone al descubierto la “falta de humanidad” de las autoridades de Teherán, así como “su flagrante desprecio por el derecho a la vida”.
“La comunidad internacional debe asegurarse de que la cooperación en iniciativas de lucha contra el narcotráfico no contribuye, directa o indirectamente, a la privación arbitraria de la vida y a otras violaciones de los derechos humanos en Irán”, señaló en la nota Diana Eltahawy, directora adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África.
La activista instó a los Estados y organismos intergubernamentales a condenar a las autoridades iraníes “en los más enérgicos términos” por estas “ejecuciones arbitrarias” y a exigir “una moratoria oficial de todas las ejecuciones”.
