CIUDAD DE MÉXICO (EFE y AP).— Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron ayer investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, pedimos que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en rueda de prensa.
El litigante acompañó a los familiares de los jóvenes, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en un plantón fuera del Campo Militar 1, donde exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregar la información que tiene el Ejército para seguir la investigación.
“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.
Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014, cuando ocurrió el crimen en ese estado.
Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la “verdad histórica”, la polémica versión con la que Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.
Además, denunciaron que el exprocurador general Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden de Peña Nieto.
“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.
Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.
Esto tras la polémica suscitada en días recientes sobre los archivos que el Ejército no entregó y que son imprescindibles para continuar con la investigación, según los padres, sus representantes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los padres anunciaron la suspensión del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.
La controversia aumenta en medio del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa porque se acaba el tiempo para que López Obrador cumpla con su promesa de resolver el caso en su último año de mandato, que termina en octubre de 2024.
Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente AMLO, ahora lo acusan de proteger al Ejército, motivo por el cual también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del gobierno.
La “verdad histórica” alegaba que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero de Cocula e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
Rosales dijo que los padres decidieron retomar el diálogo con el gobierno, suspendido a inicios de semana, y levantar la protesta ante el anuncio que realizó la víspera el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas.
Dijo que se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional la entrega de los archivos de inteligencia del 2014 que están exigiendo los padres, que incluye información sobre la infiltraciones de militares dentro del grupo de estudiantes.
Al reclamo se sumó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien indicó que mientras el Ejército no entregue la información requerida “la duda sobre la participación militar permanecerá”.
“No debe prevalecer la mentira militar y la razón de Estado”, recalcó.
En la conferencia de prensa, los familiares manifestaron su rechazo al documento del gabinete de Seguridad de López Obrador que se difundió a inicios de semana en las redes sociales, porque “otra vez están criminalizando a los estudiantes que estaban coludidos con el crimen organizado”.
nos den la información del Ejército?”, expresó González durante una rueda de prensa.