CARACAS (EFE).— La amnistía en Venezuela avanza a cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos que han acudido a tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por la Fiscalía, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.
Está en pleno desarrollo y la Fiscalía asegura que se han beneficiado unas 3,000 personas. La Asamblea Nacional, en tanto, señala que cerca de 3,000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 179 han sido excarceladas.
Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.
La medida promovida por la presidenta Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un “nuevo momento político” que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar al presidente Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:
Burocracia.— La ley establece que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales y, hasta ahora, la Fiscalía y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones.
“La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (…) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo”, indicó a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.
Selectividad.— La ley especifica su aplicación a 13 episodios entre 1999 y 2026, lo que excluye el resto del período, así como los casos relacionados con operaciones militares, o que hayan promovido operaciones militares contra el país. Según Foro Penal, de los 600 presos políticos, más de 180 son del ejército.
La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional; la ONG afirma que este último ha sido imputado en ciertos casos de detenciones en protestas.
ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han coincidido en que hay un “injustificable exceso de exclusiones” con este marco legal.
Comisión de seguimiento.— La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos. Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de “ampliar el marco de la amnistía”, aunque no está claro el protocolo para ello.