WASHINGTON (EFE).— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la expansión del crimen organizado, combinada con las políticas de “mano dura” para combatirlo y el deterioro institucional, se ha convertido en “uno de los principales desafíos” para la democracia y los derechos humanos en el continente americano.
En su informe anual correspondiente a 2025, publicado este jueves, el organismo identifica “un contexto de expansión del crimen organizado y de hechos graves de violencia” en la región, vinculado a economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y la extorsión.
El presidente de la CIDH, el abogado constitucionalista guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana, explicó que la amenaza de estos grupos no solo preocupa por su crecimiento territorial, sino por la forma en que distorsionan el funcionamiento de las instituciones democráticas. “Es uno de los principales desafíos que hay, en menor o mayor medida, en toda la región”, señaló.
Crítica a la “mano dura”
El informe advierte que la respuesta dominante en América ha sido la adopción de discursos y políticas de “mano dura”, traducidos en operaciones policiales de alta letalidad, endurecimiento de penas y militarización, así como el uso extensivo de estados de excepción.
Para la CIDH, estos enfoques “no son eficaces ni sostenibles”, ya que no logran desarticular las estructuras criminales y, en cambio, “reproducen ciclos de violencia, impunidad y debilitamiento institucional”.
Defensores de derechos humanos, en riesgo
La Comisión también encontró que la defensa de los derechos humanos sigue siendo “una actividad de alto riesgo” en la región, donde se registraron asesinatos, ataques y amenazas contra activistas que trabajan en un “entorno hostil”.
En materia migratoria, el organismo detectó una tendencia regional al endurecimiento de políticas fronterizas que restringen el acceso al asilo y al debido proceso. En el caso particular de Estados Unidos, la CIDH observa con preocupación las medidas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, las cuales han tenido un impacto significativo en los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo, según consigna el informe.
Asimismo, expresó preocupación por operativos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que habrían causado la muerte de al menos 80 personas.
En cuanto a la situación democrática, la CIDH mantiene en su lista de mayor preocupación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, por la represión sistemática del espacio cívico y la participación política.
Ralón Orellana advirtió, sin embargo, que la “contaminación” de instituciones por grupos criminales podría llegar a anular los procesos democráticos que aún funcionan en el resto del continente.