ITALIA.- El gobierno de Italia abrió un nuevo debate sobre la justicia juvenil al aprobar un proyecto de ley que modifica el procedimiento para imputar a adolescentes de entre 14 y 17 años.
Mientras la administración de Giorgia Meloni sostiene que la medida fortalecerá el combate a la delincuencia, organismos defensores de los derechos de la infancia advierten que el enfoque podría dejar de lado la evaluación individual y la reinserción social de los menores.
Cabe señalar que la reforma judicial, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, no reduce la edad de responsabilidad penal, que se mantiene en 14 años, pero sí modifica el mecanismo de evaluación.
Actualmente, para un menor de entre 14 y 17 años, el juez debe verificar, caso por caso, su capacidad de comprensión y decisión en el momento del delito.
Presunción refutable de responsabilidad penal
Mientras que la nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal: se considerará que el menor, en general, es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó en un vídeo en sus redes sociales que:
“Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (…) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años. Por eso hemos actuado y seguimos actuando”.
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Asimismo, Giorgia Meloni aseguró que la norma “se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios”.
“Pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada”.
Primeras normas contra las bandas criminales
De igual manera, las primeras normas contra las bandas criminales se incluyeron en el decreto de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de febrero.
Igualmente, el decreto recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados en abril y que introducían entre otras que quien lleve un cuchillo de al menos 8 centímetros fuera de su domicilio, sin motivo justificado, se enfrenta a penas de prisión de entre seis meses y tres años.
Además, la modificación impulsada por el gobierno italiano generó críticas desde distintos sectores sociales.
El presidente de Unicef Italia, Nicola Graziano, expresó su “gran preocupación” por la iniciativa y señaló que cualquier medida relacionada con menores debe priorizar su bienestar y desarrollo, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
También la organización recordó que la justicia juvenil debe tener un enfoque principalmente educativo y de reinserción, no únicamente punitivo.
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
En ese sentido, destacó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha defendido que la responsabilidad penal de los adolescentes debe determinarse mediante una evaluación individual de su madurez psicológica y emocional.
Lo anterior analizando cada caso de manera particular en lugar de establecer una presunción general.
Por su parte, Unicef Italia también advirtió que la delincuencia juvenil no puede abordarse solo desde el castigo, ya que está relacionada con problemas sociales más amplios.
Pobreza educativa un fenómeno complejo
La organización ha señalado que la pobreza educativa es un fenómeno complejo que incluye factores como el abandono escolar, la falta de espacios para actividades deportivas y culturales. Así como la ausencia de redes familiares y comunitarias de apoyo.
Frente a estas críticas, el gobierno de Giorgia Meloni ha defendido una política de mayor firmeza en materia de seguridad.
Sus opositores consideran que la estrategia oficial prioriza el endurecimiento de penas y medidas judiciales como respuesta a problemas sociales, con los menores de edad como uno de sus nuevos focos de atención.