Evo Morales enfrenta una nueva orden de captura emitida por la Fiscalía de Bolivia por presuntos delitos relacionados con terrorismo y alzamiento armado. La investigación también involucra a otros dirigentes.
La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales dentro de una investigación por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y afectaciones derivadas de los bloqueos carreteros

BOLIVIA.-La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a la agencia EFE por una persona cercana al exmandatario.

Bloqueos paralizaron varias regiones de Bolivia

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de grupos afines a Evo Morales, realizaron bloqueos en carreteras del occidente y centro del país.

Según las autoridades, la principal exigencia de los manifestantes era la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Como consecuencia, las interrupciones en las principales vías de comunicación ocasionaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades.

Además, las autoridades reportaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida por la falta de atención médica oportuna debido al cierre de carreteras. A ello se sumaron pérdidas económicas superiores a los tres mil millones de dólares.

Investigación también alcanza a otros dirigentes

La denuncia fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, considerada la región más poblada y uno de los principales motores económicos de Bolivia.

LEE LO MÁS INTERESANTE DEL MOMENTO: Congresista de EE.UU. critica a Claudia Sheinbaum por ayuda a Cuba; afirma que “no son buenos vecinos”

Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se incorporó a la acción legal.

Además de Evo Morales, la investigación incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra indagatoria vinculada con los mismos hechos.

Evo Morales rechaza las acusaciones

El exmandatario negó haber impulsado una campaña para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones únicamente buscaban que el gobierno atendiera las demandas de los sectores inconformes.

Sin embargo, la investigación retoma una publicación realizada por Morales el pasado 24 de mayo en la red social X.

En dicha publicación afirmó que el mandatario solo tenía “dos caminos” para enfrentar la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con diversos sectores, entre ellos la COB, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio para liberar las carreteras.

Posteriormente, elementos de la Policía y del Ejército desplegaron operativos para retirar los bloqueos y restablecer la circulación en distintas regiones.

Morales enfrenta otra orden de captura

La nueva orden de aprehensión se suma al proceso judicial que Evo Morales enfrenta desde octubre de 2024, cuando permaneció en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, resguardado por cientos de simpatizantes para impedir su detención.

Ese expediente corresponde a una investigación por presunta trata agravada de personas, derivada de una supuesta relación con una menor de edad con la que, según la acusación, habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

Evo Morales afirma que no se dejará intimidar

Tras conocerse la nueva orden de captura, Evo Morales respondió mediante una publicación en la red social X, donde aseguró que el gobierno intenta responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

Además, afirmó que continuará respaldando a los sectores que, a su juicio, enfrentan problemas como el desabasto de combustibles, el aumento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico.

Finalmente, el exmandatario sostuvo que los procesos judiciales en su contra forman parte de una persecución política y aseguró que no se dejará intimidar.