WASHINGTON.- La jueza federal Deborah Boardman bloqueó este miércoles la aplicación de la nueva orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
La disputa se centra en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, cuyo texto reconoce la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense.
Jueza bloquea la nueva orden de Trump
Deborah Boardman, jueza de distrito con sede en Greenbelt, Maryland, emitió una orden de restricción preliminar a solicitud de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
Con esta resolución, las agencias federales no podrán aplicar las disposiciones de la nueva orden ejecutiva a los menores protegidos por la demanda colectiva.
En particular, la medida impide que dependencias como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social adopten acciones destinadas a negar, desconocer o interferir con la ciudadanía de los niños comprendidos en el proceso judicial.
Además, la resolución abarca a los menores que habrían resultado afectados por la primera orden ejecutiva de Trump, incluidos aquellos nacidos después del 19 de febrero de 2025.
¿Qué decía la nueva orden de Donald Trump?
Donald Trump firmó el nuevo decreto el pasado 6 de agosto, después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior de limitar la ciudadanía por nacimiento.
La nueva disposición buscaba establecer restricciones para determinados niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres fueran extranjeros.
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Entre los casos contemplados aparecen situaciones relacionadas con el llamado turismo de nacimiento, es decir, cuando una persona viaja a Estados Unidos con la intención de dar a luz y que su hijo obtenga la ciudadanía estadounidense.
Trump enfrenta otro revés judicial por ciudadanía
La resolución de Deborah Boardman se suma al antecedente de 2025, cuando la propia jueza ya había impedido que la administración Trump aplicara su primera orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento.
Ahora, la magistrada determinó que la nueva política también resulta probablemente inconstitucional respecto de los menores protegidos por la demanda colectiva.
Además, cuestionó la postura del gobierno federal sobre la posible aplicación retroactiva del decreto.
Deborah Boardman señaló que los abogados del Departamento de Justicia no presentaron una declaración jurada que demostrara que la disposición únicamente afectaría a los bebés nacidos después de la firma de la orden.