VALLADOLID.— El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó exonerar del delito de turismo electoral a 140 ciudadanos, entre ellos al exalcalde Roger Alcocer García, aunque de manera paralela la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) realiza las investigaciones del caso y aún no da un veredicto al respecto.
Ante la decisión del INE, el senador Daniel Ávila Ruiz manifestó que apelará la resolución ante el Tribunal Federal Electoral, pues considera injusto que muchos de los 140 exonerados, tanto de Tizimín como de Valladolid, son los cabecillas en la organización del turismo electoral ocurrido en 2013, cuando cientos de yucatecos viajaron a varios puntos de Quintana Roo a cambiar su credencial de elector.
Desde mediados de semana publicamos que las autoridades habrían reanudado las detenciones de los implicados en ese delito, y el más reciente caso habría sido el de un profesor que fue detenido el miércoles. También se supo de al menos 20 arrestados en Chemax por el mismo motivo.
Además, tanto en esta ciudad como en Tizimín, las oficinas del INE reportaron movimiento atípico de personas de otros estados, sobre todo Quintana Roo y Campeche, que solicitaron su cambio de domicilio.
Sobre los exonerados por el turismo electoral durante el proceso electoral en Quintana Roo en 2013, se supo que entre los beneficiados se encuentran el exalcalde Roger Alcocer García, el exregidor Juan Villanueva Zapata y Germán Canché y Bartolo Osorio Ortega, estos dos últimos empleados de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, todavía no ha emitido su resolución la Fepade, la cual sí podría fincar responsabilidades a los antes señalados.
El exalcalde Alcocer García y Villanueva Zapata fueron dos de los mencionados en las declaraciones que hicieron muchos de los que fueron detenidos por ese delito, quienes los señalaban como “los organizadores”.
Se informó que 467 ciudadanos sí tuvieron responsabilidad, pues se comprobó que sí cambiaron sus micas con fines diferentes a un cambio real de residencia.
En manos de la PGR
Sus nombres ya están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que procedería en consecuencia y continuaría con las detenciones.
El senador Ávila Ruiz manifestó que la multa del INE al PRI por el caso de 2013 fue de 4,282.99 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a $345,208.99, a razón de $80.60, cada unidad, valor vigente en 2018.
En cuanto al aumento de los cambios de domicilio que se está registrando ahora en los módulos del INE, en Valladolid y Tizimín, el legis-lador expresó que está por recibir unas fotos de las filas de gente en la Ciudad de los Reyes, “donde las autoridades de Calotmul están organizando a los que van llegando de Quintana Roo”, a fin de interponer una denuncia ante la Fepade la próxima semana.
“Si quieren flagrancia los de la Fepade, solo es cuestión de que se acerquen a los módulos para que realicen la investigación de lo que está pasando”, subrayó.
El senador dijo que le pedirá al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que ejerza más vigilancia en su estado para evitar que los grupos de gente vengan a Valladolid y otros municipios del oriente a cambiar su domicilio con el objetivo de votar a favor del PRI en las próximas eleccio-nes.— Juan A. Osorio Osorno
Turismo electoral Lo que dice la Fepade
El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que el delito que más preocupa en una elección es el turismo electoral.
Alta incidencia
De acuerdo con el funcionario, el turismo electoral representa el 70 por ciento de los ilícitos cometidos en unos comicios.
No se quedan a vivir
Este delito, explicó en entrevista a un medio nacional, es cometido por quienes ante el INE cambian su domicilio, aunque no con las intenciones de dejar su hogar base, sino solo para poder votar por un partido en otro estado, municipio, distrito o delegación.
El más preocupante
“Hay delitos que pueden ser de alta y baja intensidad, pero el que más preocupa es el de turismo electoral. Un elevado porcentaje de los delitos que conoce la Fepade es por personas que se inscribieron de manera dolosa en otro domicilio que no es de ellos para votar por otro candidato”, puntualizó el funcionario.
De los más frecuentes
Díaz Santana detalló que los siguientes delitos electorales más reportados son la portación de una credencial de elector con información falsa, y el uso de recursos ilícitos con el objetivo de comprar votos.
Estrategia nacional
“Vamos a generar una estrategia nacional a fin de que, en 2018, el ciudadano pueda tener la posibilidad de presentar una denuncia”, puntualizó.