Las patrullas que llegaron ayer a Progreso y se apostaron en lugares donde familiares de Gaspar Sulub Cimé anunciaron que protestarían

Se ahogó con su propia sangre, dice el estudio

Justicia

Necropsia independiente confirma sospechas de familiares de progreseño muerto

PROGRESO.— La necropsia independiente realizada al cuerpo del progreseño Gaspar Avelino Sulub Cimé confirmó lo que el más reciente boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo: que murió por broncoaspiración, pero revela lo que no indicó la dependencia, que fue por su propia sangre.

Los familiares del progreseño, que murió hace más de una semana y cuyo cuerpo aún no se les entregaba ayer hasta las 8 de la noche, dieron a conocer los resultados de la necropsia que ellos ordenaron.

Entre otros detalles, el forense determinó que por las múltiples lesiones que presenta el cuerpo de Gaspar Sulub, en cara, cráneo, brazos y piernas se concluye que sufrió tortura.

Los deudos de Sulub denunciaron ayer intimidación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya que hubo despliegue de patrullas y agentes listos para impedir manifestaciones que ellos habían anticipado en puntos neurálgicos del puerto.

Las unidades policiacas se concentraron en mayor número en la entrada del viaducto del puerto de altura que fue cerrado 13 horas el viernes de la semana pasada.

Por otra parte, al mediodía de ayer ni la SSP, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían respondido el requerimiento solicitado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), en relación a los hechos suscitados.

Eduardo Osorno Kuyoc, oficial de Quejas y Orientación de la Codhey dijo que tras los hechos se abrió la queja de oficio y de inmediato se pidió el informe a la SSP por un término de 7 días ayer) vencía y estaban aún en tiempo para rendir su informe, hasta la medianoche.

También estaban al pendientes los informes de la Fiscalía estatal y del Servicio Médico Forense, para que de manera oficial se sepa de qué falleció Sulub.

“Hoy oficialmente no sabemos de nada”, dijo el entrevistado.

Indicó que en caso de que no contesten las autoridades, se evaluará junto con el visitador que es lo que se hará, ya sea pasarlo a queja o solicitar el recordarles el informe.

Explicó que una vez entregados los informes se analizan y si cuentan con los elementos suficientes, entonces el expediente de gestión se pasa a queja para que se haga una investigación más profunda.

Si no hay elementos suficientes porque nos contestan algo muy básico, dijo, entonces se analiza con el visitador y se pasamos a queja para que se sigan pidiendo los informes, o los requiero nuevamente en cuanto algún dato adicional que no hayan dado en el primer informe.

“Al día de hoy no hemos recibido nada de ninguna autoridad”, aseguró.

Tras todas las investigaciones que se realicen y todo lo que aporte la familia en un momento dado, lo último, de acuerdo a nuestro procedimiento sería una recomendación.

¿Tiempo promedio de un caso como este?

La ley nos marca cuatro meses para entregar expediente, pero la ley también nos marca que podemos prorrogar este tiempo a efecto de hacer las investigaciones más profundas. Las recomendaciones normalmente llevan meses, pero cada caso es específico.

Por lo que se ha dicho ¿consideran que se pudo dar alguna violación a los derechos humanos?

Habría que analizar los informes primeramente, a fin de cuentas ni nos han contestado, entonces no podemos saber específicamente si oficialmente ya se presentaron y hay que ver los procedimientos que tienen como Fiscalía y Semefo, y cuáles son sus términos.

El funcionario de la Codhey dijo haber estado en contacto con la familia todo el tiempo.

“La familia ha manifestado ser molestada por particulares y sentirse vigilados por policías, también dicen que han recibido llamadas ante esto, el mismo sábado se evitó una medida cautelar a la SSP, haciéndole de conocimiento estas situaciones y pidiendo que respeten los derechos humanos de la familia.

“No ha habido contacto con autoridades ni detenidos, desconocemos dónde están, necesitamos que la autoridad nos informe al respecto”, dijo.

¿Qué le solicitan a la policía y Fiscalía?

En términos generales a la SSP que nos digan por qué lo detuvieron y a la Fiscalía cuándo se le puso a disposición, y al Semefo el resultado de la necropsia.

¿Ser narcomenudista amerita ser tratado de diferente manera?

“No, todas las personas tenemos igualdad de derechos, ninguna violencia contra alguna persona por parte de alguna autoridad está justificada”.

¿Son comunes los casos de abuso de autoridad en Yucatán?

Casos de fallecimientos no. Pero sí tenemos más quejas por abuso de autoridad han aumentado, el 2019 con respecto al 2018 aumentó y ahora en 2020 también, puedo hablar que en quejas y gestiones en cuanto a corporaciones policíacas, es más o menos la mitad de todo lo que tenemos.

“No sabemos las razones, pero la gente ya tiene la cultura de la denuncia, de no quedarse callada y viene con nosotros”, dijo.

¿Cuando finaliza un caso la Codhey lo hace público?

“Todo procedimiento lleva su tiempo y tenemos que seguir esos tiempos, investigar a detalle para que cuando la resolución que sea, esté apegada al derecho y sea la verdad de los hechos”.

“Nosotros debemos de ver que las corporaciones policíacas hayan actuado apegadas a derecho y si no lo hicieron tiene que haber una consecuencia ante este hecho”.

“Al final Codhey hace una recomendación en caso de que se demuestre culpabilidad, hay una serie de puntos recomendatorios, donde pueden haber varias cuestiones para resarcir el daño causado a los familiares”, finalizó.

Sobre el mismo caso, la diputada progreseña Lila Frías Castillo consideró que “es urgente y necesario aclarar de manera contundente, el caso del progreseño que murió en el interior de un carropatrulla de la SSP, o puede provocar futuros enfrentamientos entre policías y narcos en este puerto de Progreso, lo cual es algo que nadie quiere”.

“A quienes vivimos en el puerto de Progreso nos preocupa que esto pueda ser usado como pretexto o motivo para que se empiecen a registrar enfrentamientos violentos, sobre todo entre policías y narcos, por eso urge que se resuelva pronto y con un proceso transparente”, afirmó.

Como se ha informado, la semana pasada perdió la vida el pacotillero Gaspar Avelino Sulub Cimé cuando era trasladado a la cárcel, luego de ser detenido en Progreso, y su familia asegura que fue asesinado por los policías que lo trasladaban, y a pesar de que la Fiscalía declaró que perdió la vida por broncoaspiración, según los forenses, sus familiares insisten en que una segunda necropsia arrojó que en efecto se ahogó pero que con su propia sangre.

Entrevistada al respecto la diputada informó que los familiares de Sulub Cimé acudieron a pedirle su apoyo y en primera instancia los canalizó a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde incluso su titular le informó que ya de oficio habían abierto una investigación del caso y con mucho gusto atenderían a la familia.

“Ambas necropsias hablan de la causa de la muerte de esa persona, pero hasta hoy al menos o visto algo que diga que fue lo que motivo esa causa de muerte, y ese es un punto que creemos primordial para su aclaración”, indicó.

Lila Flores añadió que también se comunicó con Luis Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública del Estado, quien le informó que esta caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado.

La legisladora comentó que han surgido muchas versiones sobre este lamentable suceso, y dicen que el occiso siempre se metía en “mil y un cosas”, pero aún que fuera un narcotraficante, eso no se justifica y no le autoriza a la policía a matarlo.

Otra de las autoridades con las que también habló por este caso, continuó la diputada, fue con la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, a quien le pidió y la funcionaria se comprometió a seguir las investigaciones hasta el final y esclarecerlo.

Como progreseña Lila Flores mencionó que en la población hay preocupación de que esto pueda detonar en el puerto enfrentamientos violentos, cuando es lo que menos se desea y necesita en este puerto.

Por eso la legisladora reiteró que es necesario y urgente que las autoridades aclaren este caso lo más pronto posible y con la mayor transparencia que arroje resultados contundentes e indiscutibles, que no dejen duda de lo ocurrido y se sancione al o los responsables, conforme a la ley, que se haga justicia.— Gabino Tzec Valle / Luis Alpuche Escalante / David Domínguez Massa

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