Le piden informe sobre una mujer que acusó tortura
Milagros Romero Bastarrachea, diputada estatal emanada de Movimiento Ciudadano, informó ayer que, como presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Poder Legislativo, solicitó al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, un informe detallado sobre la presunta agresión cometida contra una mujer que habría sido detenida de forma arbitraria y torturada por la Policía Municipal, lo cual le causó lesiones, traumas y un aborto pocas horas después.
Según un comunicado, se trata de la profesora María Guadalupe P.S., quien presumiblemente fue acusada junto con su esposo, Roni Gonzalo Torres Mena, de haber estado involucrada en el asesinato de un policía (Luis Manuel Pacheco Chuc) cometido en la madrugada del 10 de junio en una caseta de vigilancia de Progreso.
Esa noche, la corporación habría detenido ilegalmente a varias personas que estaban en la calle y consideró “sospechosas”, se agregó.
Al respecto, la diputada Milagros Romero dijo que existe un fenómeno reiterado de agresiones de agentes municipales en Progreso.
Recordó que hace unos meses (el 24 de febrero) un hombre (Gaspar Avelino Sulub Cimé) murió en Progreso, tras ser detenido y agredido presuntamente por policías.
Por ello dirigió un oficio a Zacarías Curi y pidió un informe detallado sobre lo ocurrido. Afirmó que de ser ciertas las acusaciones, las autoridades están faltando a su juramento de servir y proteger, y se han olvidado de que están para garantizar la seguridad (de la gente).
“Le pido en nombre de la ciudadanía… que tome las medidas pertinentes y aplique las acciones que sean necesarias para clarificar lo ocurrido y en su caso haga valer las normas jurídicas, así como las sanciones justas contra los responsables de estos hechos lamentables”, se lee en el documento.
Citó el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que menciona que las obligaciones de las corporaciones encargadas de guardar el orden deben apegarse sin imparcialidad, discriminación, con respeto a las garantías individuales, y abstenerse de aplicar actos de tortura o sanciones crueles o inhumanas, aún cuando se trata de alguna orden superior o se argumenten circunstancias especiales.
Agregó que estos hechos están penados de acuerdo con el artículo 35 de la misma ley, que dicta que los elementos, en el ejercicio de sus funciones, podrán hacerse de diversas sanciones, como un arresto, multa, e incluso, la inhabilitación y destitución del cargo.
La mujer afectada relató que imploró que no la golpeen por su estado de gestación, pero hicieron caso omiso e, incluso, la habrían trasladado a bordo de una patrulla cerca del corralón, donde la detuvieron varias horas, y le amarraron una toalla en la cabeza que le impedía respirar, de acuerdo con el comunicado.
Por último, la diputada Romero Bastarrachea advirtió que ninguna detención ilegal debe tolerarse, y que se debe sancionar a las y los responsables.