Práctica arraigada en gobiernos de los municipios
VALLADOLID.— Desde hace muchos años las licitaciones que los ayuntamientos realizan para las obras públicas en realidad son simulaciones debido a que el mismo alcalde en turno, del partido político que sea, ya saben a quién a le darán determinado proyecto, ya que previamente los constructores habrían colaborado en la campaña rumbo a la administración.
Esto viene a colación debido a que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefeey), según publicamos ayer en la sección Local.
Entre algunos proyectos en donde se encontraron irregularidades es en la rehabilitación de la escuela secundaria “Ricardo López Méndez”, ubicada en esta ciudad, en donde por cierto funciona el turno matutino de la secundaria general “Antonio Mediz Bolio”.
Desde hace muchos años, los acuerdos se empezaron a gestar durante la campaña política, de tal modo que de acuerdo con los recursos que aporten los propietarios de constructoras, será la cantidad de obras que le darán a la empresa.
Cuando le va bien al constructor y su apuesta gana en las elecciones ya tiene asegurado trabajo para los siguientes tres años. Al mismo tiempo se incluyen no menos de cinco constructoras en la misma administración que supuestamente apoyaron la campaña, de modo que cuando llega el alcalde electo, las obras se van distribuyendo entre ellos mismos.
Cuando los montos rebasan lo que marca la ley, es decir arriba de $1 millón para una obra, necesariamente se tiene que licitar para cumplir con las normativas, algunos usan la página Compranet, otros ni siquiera lo publican en los medios más importantes de la entidad.
El grupo selecto de constructoras son los que participan en la licitación, pero todos ellos ya saben a quién le darán el proyecto y nadie dice nada debido a que ya se les dijo qué otra obra se les dará, de modo que nadie se enoja, pues todos ganan.
Según datos obtenidos, nadie verifica la calidad de la obra y todo se arregla con la distribución del “diezmo” que le llega al alcalde en turno a través de emisarios, a fin de no comprometerse ni verse involucrado en algo irregular, o que lo graben recibiendo dinero.
Del mismo modo, otros beneficiados son los responsables directos de recibir la obra, ya que ellos tienen que firmar el finiquito, para que la constructora pueda cobrar el saldo del adeudo por el proyecto realizado, incluso le toca una comisión a quien elabora y entrega el cheque, como una manera de agradecerle que haya agilizado el pago.
En cuando al “diezmo”, cada ayuntamiento determina cuánto cobrarle a la constructora, y según se sabe ya se está cobrando alrededor del 20% del monto total del proyecto, motivo por el cual los costos del proyecto público se elevan.— Juan Antonio Osorio Osorno