La jueza Tercera de Control en Progreso solicitó ayer viernes al asesor jurídico del Ayuntamiento de Progreso que notifique a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la defensa y al Juzgado si el Cabildo acepta o rechaza la propuesta que presentaron cinco de los 11 ediles 2015-2018 acusados de cohecho de $110,000 para optar por la suspensión condicional del proceso, en vez de afrontar un juicio oral.
Ello para que, en su caso, la jueza fije fecha y hora para la audiencia de suspensión condicional del proceso.
En audiencia de la causa 22/2021, la defensa de cinco exediles pidió ayer que les apliquen la suspensión condicional del proceso durante un plazo de seis meses y dijo que el pago de la reparación del daño consistiría en la donación de tres inmuebles a la Comuna de Progreso.
La Fiscalía, a su vez, señaló que los imputados no han hecho el acuerdo previo que establece la ley y pidió que, en el caso de la suspensión condicional, los cinco acusados sean impedidos de desempeñar un cargo público.
El asesor jurídico de la Comuna, como demandante, dijo que no tiene inconveniente en realizar el acuerdo reparatorio, pero señaló que anteayer jueves fue presentada la propuesta de la defensa sobre donar tres bienes inmuebles a favor del Ayuntamiento de Progreso y que el Cabildo es quien deberá decidir si la acepta o no.
Ante ello, la jueza Diana Yadira Garrido Colonia determinó que hasta este momento no puede pronunciarse en cuanto a la aprobación o no de la suspensión condicional del proceso, dado que la parte ofendida no ha aceptado la propuesta de plan de reparación del daño y es el Cabildo quien debe determinar si acepta o no los tres bienes inmuebles ofrecidos por las cinco personas imputadas.
Según un comunicado del Poder Judicial, la jueza pidió entonces al asesor jurídico que cuando tenga la información del Cabildo sobre si acepta o no la propuesta, notifique a las partes interesadas para programar la mencionada audiencia.
El miércoles 7, la Fiscalía Anticorrupción estatal imputó el delito de cohecho a los 11 ediles porque presuntamente el 23 de diciembre de 2016 recibieron $110,000 cada uno ($2.1 millones en total) por firmar el contrato de $39 millones con Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G., S.A. de C.V., para que cambie el alumbrado con focos led en el municipio.
El lunes 12, la jueza mencionada vinculó a los 11 acusados de cohecho a proceso penal y dio hasta el 12 de noviembre a la Fiscalía para que cierre la investigación complementaria, a fin de que se inicie el juicio oral.